"El tribunal ha admitido tres peritos propuestos por nuestro equipo legal que demostrarán que David Castillo, empresario y ex agente de inteligencia, formaba parte de una estructura criminal que planificó y ejecutó el crimen", apuntó en la red social Twitter Bertha Zúñiga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
El tribunal también admitió el análisis de la posición de poder del acusado Roberto David Castillo Mejía en el entorno empresarial—institucional y su vinculación con la planificación, coordinación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres, presentado por el investigador social Harald Waxenecker.
"El peritaje de la doctora Gladys Tzul Tzul "Análisis de la situación y condición de violencia que viven las mujeres indígenas y defensoras de Derechos Humanos" ha sido aceptado", añadió Zúñiga, hija de la lideresa del pueblo lenca víctima mortal del crimen cometido en la ciudad de La Esperanza (oeste).
Sin embargo el juzgado rechazó en la vista oral una nueva prueba que vincula al empresario Daniel Atala con el crimen.
El elemento probatorio consiste en la presentación de copias sobre transacciones bancarias por 1.254.000 de dólares realizadas por Daniel Atala a David Castillo, días antes del asesinato.
Al momento del feminicidio Castillo fungía como presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), propiedad de la familia Atala Zablach y ejecutora del proyecto Agua Zarca, al cual Cáceres se oponía.
El Ministerio Público lo acusa de haber ordenado el crimen de la ambientalista, que un año antes había sido acreedora del Premio Internacional Goldman a los defensores de la naturaleza.
El arresto de Castillo se produjo exactamente dos años después del asesinato, el 2 de marzo de 2018, mientras intentaba abandonar Honduras por el aeropuerto de la ciudad de San Pedro Sula (norte), rumbo a estados Unidos.
Luego de ser aplazado el 6 de abril por una recusación de la defensa de Castillo que presentó tres impugnaciones, el juicio se reanudó el 26 de febrero después que la Corte de Apelaciones declarara sin lugar ese recurso dilatorio.
Por ese mismo caso el 2 de diciembre de 2019 caso fueron condenados a 50 años de prisión como autores materiales del asesinato los acusados Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Torres
Mientras, Sergio Ramón Rodríguez, gerente de DESA; el ex jefe de Seguridad de la propia compañía Douglas Geovanny Bustillo, y el mayor del Ejército Mariano Díaz recibieron condenas de 30 años de cárcel.