"Para ayudar a avanzar en los esfuerzos de recuperación de la pandemia, permítanme renovar los llamados del Secretario General (de la ONU, António Guterres) y los de este Consejo para un cese inmediato de las hostilidades. Hemos visto el impacto positivo que estos gestos pueden tener en la vida de las comunidades vulnerables en las regiones afectadas por el conflicto", dijo Massieu en una audiencia virtual ante el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Massieu presentó ante dicho Consejo el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en el que destacó que en el quinto año de implementación del acuerdo final de paz es "fundamental que las partes sigan comprometidas para construir sobre los logros alcanzados y resolver los desafíos pendientes".
El funcionario destacó que dicho compromiso permitirá avanzar en la solución de problemas estructurales, particularmente considerando los retos que plantea la superación de la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, destacó que aún persiste la violencia contra las comunidades, los líderes sociales y exintegrantes de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
"Desde la publicación del informe del Secretario General (el pasado 6 de abril) se han registrado hechos de violencia contra líderes sociales y comunidades en distintos departamentos, uno de ellos el departamento del Cauca (suroeste), donde ayer fue asesinada la gobernadora indígena Sandra Peña, y han sido también asesinados cuatro excombatientes más, para un total de 266 desde la firma del Acuerdo de Paz", en noviembre de 2016, dijo Massieu.
Por otra parte, destacó que cerca del 50% de excombatientes (de un total de 13.000 desmovilizados) participan en la actualidad en proyectos colectivos e individuales.
"Asimismo, las partes han acordado crear una mesa técnica de vivienda (…), que espero permita llegar a soluciones para avanzar en el acceso a vivienda para excombatientes y sus familias", resaltó.
Por su parte, la canciller colombiana, Claudia Blum, quien intervino en la sesión, reconoció los retos en materia de seguridad frente a los ataques contra excombatientes, perpetrados por organizaciones criminales de distinto tipo, pese a lo cual destacó que en 2020 los homicidios contra los desmovilizados disminuyeron 10,8% frente a 2019.
Según Blum, en lo que va de 2021 el total de victimizaciones ha caído 51% frente al mismo período del año pasado, y ratificó el compromiso del Gobierno con la protección de los excombatientes en proceso de reincorporación.
Desde la firma del acuerdo de paz, 276 excombatientes de FARC han sido asesinados en Colombia.