"Se deberá (…) seguir gestionando la posible extradición de estas personas, más allá de que parezca muy, muy difícil ese escenario por el resguardo que les ha dado el Gobierno de Estados Unidos a lo largo de estos casi 18 años que ellos están prácticamente impunes allá", dijo Mayta.
La declaración fue publicada este 7 de abril, al día siguiente de que se confirmara que un juez estadounidense ratificó una condena civil de 2018 que obliga a los exdignatarios bolivianos refugiados en Estados Unidos a indemnizar con diez millones de dólares a víctimas de una masacre ocurrida en 2003.
La decisión judicial, que los condenados todavía podrían apelar, fue celebrada por el Gobierno de Luis Arce y por las víctimas de la masacre de octubre de 2003, en la que murieron más de 60 vecinos de El Alto y pueblos vecinos reprimidos a bala por militares enviados por el entonces presidente Sánchez de Lozada.