Desde los atentados del 11-M hasta los fondos reservados o los asuntos más secretos de la Corona. Estos son algunos ejemplos de los aspectos que pueden abordar los Secretos Oficiales, expedientes y archivos que el Estado guarda literalmente bajo llave para que ninguna persona "pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado", reza la Ley de Secretos Oficiales, Ley 9/1968, en su Artículo Segundo.
Se trata de una Ley aprobada en época franquista mediante la cual quedaba prohibido la difusión de cualquier material sensible que contuviera información confidencial, asunto controvertido que se ha convertido durante décadas en un gran inconveniente para historiadores, investigadores o periodistas que quisieran acceder a este tipo de documentación.
Desde entonces, dos Gobiernos han anunciado reformas en la Ley de Secretos Oficiales pero ninguna llegó a aprobarse. La primera fue en 1990, cuando el Gobierno de Felipe González aprobó un proyecto de ley que nunca llegó a registrarse. Seis años más tarde, el Partido Popular redactó un anteproyecto de Ley en el que fijaba en 50 años la fecha de caducidad de los secretos de Estado.
La verdadera dificultad reside en que España es de los pocos países del entorno europeo que aún concede de manera perpetua la clasificación de dichos documentos. Según Right2Info, una asociación que promueve los derechos a la información y la jurisprudencia en más de 80 países, 13 de 19 estados del entorno europeo incluyen en sus leyes o reglamentos un período máximo obligatorio para clasificar los documentos. En Reino Unido, por ejemplo, lo hacen cada 30 años. En España, por el momento, el material clasificado seguirá guardado bajo llave de manera indefinida.
Justamente este aspecto es el que el Gobierno progresista quiere modificar. Proponen una ley de plazos bajo la premisa de que esos secretos de Estado no sean eternos y se desclasifiquen tras un periodo de tiempo. De hecho, la Ley de Secretos Oficiales supone una brecha para la democracia española, cuyo modelo de Transparencia ha sido uno de los aspectos más destacados por las autoridades gubernamentales. El Gobierno se comprometió a presentar una reforma en el Consejo de Ministros antes de 2020, desde entonces no se han conocido avances. Es ahora, 5 de abril de 2021, —curiosamente el mismo día que se promulgó la ley en 1968—, cuando parece que se comienza a poner en marcha la reforma legislativa y a elaborar un proyecto de ley.
No hay fecha definitiva pero tal y como asegura el diario El País, se prevé que la nueva ley entre en vigor antes de que acabe la legislatura, en noviembre de 2023. Para ello, el Gobierno debería remitir el texto a las Cortes a lo largo de 2022, siempre que no se disuelvan las Cortes anticipadamente y se frustre su aprobación.
Una tarea demandada por los nacionalistas vascos
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) lleva un lustro exigiendo al Gobierno una reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Su propuesta se basa en establecer un sistema de plazos que se asemeje a las democracias occidentales, con el fin de desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 25 años y reservados en 10 años. La idea del Ejecutivo es que no haya un límite general de tiempo para hacer públicos automáticamente los documentos, sino distintos plazos según el grado de protección y el nivel de secreto.
Al respecto de la reforma surgen tanto detractores como partidarios. Mientras que los partidarios —como la gran mayoría de fuerzas políticas en el Congreso—, lo ven como una reforma necesaria, los detractores —como Vox, que fue el único partido que votó en contra de su reforma—, creen que la desclasificación de materias sumamente sensibles podría poner en jaque la seguridad e intereses nacionales e incluso las relaciones diplomáticas que España posee con el resto de países.
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