"Somos víctimas de un Estado que nos niega el derecho al trabajo, la educación, la salud y a ser reconocidos como personas trans", aseguró a Sputnik la activista.
Ganadora del Premio Nansen 2019 de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Rodríguez agregó que la comunidad trans de El Salvador fue excluida de las políticas públicas en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Si bien la dirigente estima que las personas trans están más organizadas y visibles en la nación centroamericana, señala que son derechos conquistados por esfuerzo propio, sin el acompañamiento de una política de Estado.
Al respecto, insistió en la urgencia de una ley de identidad de género, que en su opinión contribuiría "al reconocimiento y dignificación de una persona trans, para construir una sociedad más justa e igualitaria".
Rodríguez recalcó que estas reivindicaciones se construyen con la sangre de las personas trans asesinadas y cuyas muertes han quedado en total impunidad.
Según estimaciones de Comcavis y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, al menos una treintena de personas trans fueron asesinadas en El Salvador entre 2017 y 2019, y casi en ningún caso se condenó a los culpables.