"Estamos profundamente preocupados por la reciente escalada de violencia contra manifestantes pacíficos en Birmania; las fuerzas de seguridad birmanas son responsables de cientos de muertes desde que perpetraron un golpe el 1° de febrero", dijo Psaki.
"La matanza de niños la semana pasada es solo el ejemplo más reciente de la horrible naturaleza de la violencia perpetrada por el régimen militar; seguimos dejando en claro que impondremos costos al régimen militar por la violencia mortal contra manifestantes pacíficos y la supresión de los derechos humanos", afirmó.
El pasado 1° de febrero, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y decretaron el estado de emergencia por un año.
Los altos mandos del ejército, que gobernaron Birmania durante décadas, justifican el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre pasado, que dieron una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia.
La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en el país, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del gobierno civil y la liberación de los presos políticos.
Según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos, un total de 459 manifestantes birmanos murieron a manos de militares y policías desde el pasado 5 de febrero, y más de 2.500 fueron detenidos.