"Si haber defendido denodadamente y con todo el empeño las ciudades y el país entero el momento en que inclusive fueron secuestrados policías, militares, se agredió a periodistas, mujeres policías rociadas con gasolina y manoseadas (…) es delito de lesa humanidad en este mundo bizarro, estrambótico, bueno que nos acusen", dijo Moreno.
En referencia al informe de la Comisión Especial para la Verdad y Justicia creada por la Defensoría para investigar los hechos de octubre, señaló que su elaboración debió durar unos 90 días, según anunció en su momento el organismo, pero la entrega del análisis coincidió con el periodo electoral.
23 de marzo 2021, 22:39 GMT
En el programa "De frente con el presidente", emitido por la Radio Pública, Moreno agregó que el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, tiene una clara alineación política, aunque no especificó la corriente ideológica a la que respondería dicho funcionario.
El informe antecedió a la denuncia presentada el martes ante la Fiscalía General del Estado, en la que se pide prohibir la salida del país del mandatario y otras personas.
Moreno recordó que en el marco de las protestas un grupo de manifestantes incendió las instalaciones del cuartel militar La Balbina, en el suroeste de Quito (norte), bajo el supuesto de que él se encontraba en ese sitio.
"Estaban intentando incendiarme, por supuesto, a mí", aseguró.
Sostuvo además que ordenó que las fuerzas del orden no disparen un solo tiro contra las personas que protestaban en contra del Gobierno en diferentes ciudades del país andino.
Aseguró que la misma disposición fue trasladada por la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo; el excomandante General de la Policía, Patricio Carrillo; y, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, también señalados en la denuncia.
Moreno sostuvo que los manifestantes utilizaron armas caseras durante las protestas, cuyo poder de hacer daño comparó con el que tienen las armas de fuego.
Según la denuncia presentada en la Fiscalía, en 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos se desprende que 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional y 34 por personal de las Fuerzas Armadas.