"Pese a la carencia de agua potable, los gobiernos en El Salvador priorizan a sectores como el industrial como principal consumidor de agua y no a la población", afirmó González, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
El Salvador, un país impactado por el déficit de agua potable, carece actualmente de parámetros institucionales para regular el uso del recurso, mientras que en la Asamblea Legislativa está estancado desde hace años un proyecto de ley sobre el tema.
De hecho, varias organizaciones que integran el llamado Foro del Agua, entre ellas Fespad, marcharon el 22 de marzo hacia la Asamblea a propósito del Día Mundial del Agua, para exigir que los diputados agilicen el estudio y promulgación de una legislación.
"La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció desde 2010 el derecho humano al agua, pero en El Salvador no avanzamos en ese reconocimiento, pese a las exhortaciones desde la sociedad civil", dijo González.
Proyectos en la mira
Los colectivos que integran el foro mantienen una lucha no solo por una Ley General de Aguas, sino contra iniciativas que se venden como proyectos de desarrollo, cuyo auténtico objetivo es sobreexplotar los recursos naturales, y en particular el manto acuífero.
El proyecto urbanístico Ciudad Valle del Ángel y la represa Nahuizalco 2 están en la mira de estas organizaciones, que denuncian el relajamiento en los permisos ambientales a despecho de los estudios técnicos que evidencian sus amenazas para el entorno.
"Este tipo de proyecto tiene un gran impacto sobre el medio ambiente y con especial énfasis en el agua, usándola para labores industriales que supuestamente fortalecen la economía, aunque en realidad dañan el estilo de vida de la población", agregó la jurista.
Por lo pronto, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea frenó de nuevo el estudio de la referida ley, debido al inminente cierre de la actual legislatura, y el cambio drástico en la correlación del Parlamento unicameral de este país.
El próximo 1° de mayo comienza el mandato 2021-2024, controlado por el oficialismo con una mayoría sin precedentes en este país, que permitirá al Ejecutivo gobernar sin necesidad de pactar con la oposición y sin contrapesos.