El director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), Edgar Cortez, dijo en entrevista con Sputnik que el incremento de la violencia contra dirigentes de partidos "es preocupante, porque los afectados son candidatos a encabezar autoridades locales", el eslabón más débil del poder político.
En las elecciones de medio sexenio presidencial se renovarán los 500 asientos de la Cámara de Diputados, 15 gobiernos de los 32 estados y el 80% los más de 2.400 municipios.
"Durante las elecciones, los grupos criminales se disputan mercados y el control de territorio para continuar con sus actividades ilegales", prosigue el exjesuita y experimentado defensor de derechos civiles.
El 4 de marzo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de protección de candidatos al revelar que ocurrieron 73 ataques en los cuales murieron 64 dirigentes políticos en un semestre, de septiembre pasado a febrero de 2021.
La cifra es alarmante porque en el año electoral que culminó con los comicios presidenciales de 2018, ocurrieron más de 150 asesinatos políticos.
Plata o plomo
Estos aspirantes a gobiernos locales tienen dos opciones, dice Cortez al resumir la atroz disyuntiva: "aceptar un acuerdo con los grupos delincuenciales, que imponen sus reglas para explotar los mercados ilegales; o rechazarlos, exponiendo la vida propia, de sus familias y colaboradores".
Estas amenazas se agravan porque la imparable violencia tiene hondas raíces durante mucho tiempo.
"El origen es un sistema de justicia penal con muy escasa capacidad de investigación de estos delitos", explica el especialista que ha dictado cursos de capacitación en derechos humanos a jefes policiales.
El escenario lo dominan grupos criminales porque las probabilidades de padecer castigos de cárcel por cometer homicidios de dirigentes son mínimas, con una impunidad casi total.
"La ecuación criminal es ventajosa, porque la posibilidad de matar a candidatos les permite a los delincuentes mantener vigente sus negocios, con pocas consecuencias", explica el director del instituto ciudadano.
En diciembre pasado, el informe del segundo año de Gobierno de López Obrador presentó una proyección récord de 40.863 homicidios dolosos en 2020, a pesar de la reducción de la movilidad durante la pandemia de COVID-19.
La cifra es superior a los 37.315 homicidios dolosos de 2019, otro récord en tres décadas de registros.
Con esos niveles de violencia "no hay que ser brillante para observar que el tema de la impunidad sigue siendo el espacio que crea un clima propicio para el crimen", agrega el defensor de víctimas de violencia, en la que también existe complicidad de autoridades locales.
El fenómeno larvado durante los últimos 15 años se ha vuelto indetenible por cifras de impunidad superiores al 97%.
Cadena de la impunidad
La cadena de impunidad comienza con la falta de denuncias ante el Ministerio Público, prosigue con la escasa capacidad de investigación policial o complicidades, y termina con una mínima cantidad de condenas judiciales.
"Lo hemos denunciado durante mucho tiempo y se ha discutido tanto, pero no es un asunto de más leyes, porque el marco jurídico mexicano actual es suficiente para que las autoridades actúen", explica el defensor que ha presentado casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El problema es de "incapacidad para desarrollar nuevas instituciones basadas en las leyes actuales".
6 de marzo 2021, 00:45 GMT
A los Gobiernos no suele gustarles ese largo camino, "porque en ese asunto se invierte mucho a mediano y largo, plazo, no generan resultados de corto plazo", señaló.
Con ese horizonte, ante unas elecciones "hay pocos incentivos para los gobiernos, por la falta de dividendos políticos inmediatos a favor de proyectos políticos personales".
Los recursos públicos invertidos también son escasos, sobre todo ante políticas federales que enfatizan en la austeridad y recortes al gasto público.
"Son inversiones del presupuesto que no lucen, desarrollar buenas policías municipales podría demorar más de tres años, y conseguir la inversión es imposible, porque el resultado no crea obras de infraestructura para el lucimiento", ilustra.
El resultado es que la dirigencia política no tiene incentivos para emprender estrategias de seguridad, ni el desarrollo de instituciones sólidas y profesionales.
25 de febrero 2021, 00:48 GMT
El integrante de la red ciudadana Seguridad Sin Guerra resume que el resultado "son acciones publicitarias y de operaciones de opinión publica, en vez de construir instituciones, salvo el uso del Ejercito en las tareas de seguridad pública".
Las necesarias policías de proximidad existen en los documentos gubernamentales, "pero están sin dinero, es discurso, no es política pública sistemática", puntualiza.
El poder del crimen organizado ya preocupa a la administración de Joe Biden: el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de EEUU señaló el martes 16 de marzo que entre el 30 al 35% del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales, que propicia una masiva migración.