Juventud criminalizada: cómo una rodadа se acabó con más de 100 motociclistas en reclusorios de CDMX

Mientras la Secretaría de Seguridad de la CDMX reportó la detención de 139 motociclistas, según los cálculos de sus familiares, se trata de más de 170 jovenes que fueron detenidos tras un concierto callejero que se convirtió en una rodada de motos.

Aunque lo correspondiente era que fuesen multados por cuestiones de tránsito, fueron detenidos y acusados de delitos que suelen vincularse a los movimientos políticos, que son los que usualmente toman la calle, como sucedió el 5 de marzo de 2021 en las afueras del metro Morelos.

El abogado Antonio Lara, fundador del Centro de derechos humanos Zeferino Ladrillero que atiende la defensa de casos similares señaló a Sputnik que los delitos de "ataques a las vías de comunicación" y "resistencia de particulares" con los que fueron procesadas todas estas personas usualmente se ocupan para criminalizar activistas sociales o manifestantes que usan la vía pública para ejercer el derecho a la protesta.

Este 15 de marzo, tras diez días de haber sido enviados a distintos reclusorios en la capital, las familias de los jóvenes marcharon desde el metro Chabacano, temprano en la mañana. Por la tarde, se presentaron en un acto público ante la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, quien les otorgó una cita para las tres de la tarde. Según narraron las familias a Sputnik al salir de la reunión, el Gobierno ofreció a abrir una vía con la justicia para estudiar, caso a caso, la liberación de los jóvenes.

Aunque la información oficial de la policía reportó que las personas habían sido detenidas como consecuencia de una rodada llamada "Tirando Terror CDMX", el evento fue realizado por iniciativa de un rapero, Eme Mala Fe, quien convocó a una "megarodada" y un show sorpresa para la filmación del vídeoclip de una de sus canciones.

El comienzo tendría que darse a las diez de la noche en el cruce vial de las Avenidas Eje 1 norte y Ferrocarril de Cintura, frente a una de las salidas del metro Morelos. Ya un par de horas antes, la esquina estaba lotada de jóvenes y adolescentes en motocicletas, y algunos en automóvil.

La motocicleta se ha convertido en un rasgo identitario de los jóvenes urbanos y es un elemento que el artista mencionado reivindica en sus canciones: una vida rápida, adolescente y callejera, con el motor puesto en la adrenalina que siente el cuerpo ante la percepción de la velocidad. Las rodadas son básicamente eso: recorrer la ciudad en grupos de motociclistas evitando ser detenidos. También hacen carreras cortas, llamadas "arrancones", pero en la noche de aquel viernes no había cómo acelerar entre tanta concurrencia.

El escenario se había montado sobre una camioneta sobre el Eje 1 norte, que tenía un artefacto para echar flamas de fuego detrás del cantante. A su izquierda, una gasolinera fue el epicentro de la concentración. Se calcula la presencia de miles personas en ese entorno, que estaba custodiado por patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina con el fin de evitar las concentraciones masivas por la emergencia sanitaria de COVID-19.

El evento musical duró unos veinte minutos y desembocó en la dispersión de las motos hacia el norte de la ciudad, transitando el Eje 1. Las patrullas presentes dejaron que buena parte de la gente se fuera y media hora más tarde, montaron el cerco que realizó las principales detenciones una esquina más delante de dónde había estado el escenario. Los policías formaron una red que detenía, sin aviso previo, a quienes se acercaban intentando circular.

Sin embargo, los relatos de diversas familias relevados por Sputnik dan cuenta de la detención de gente que no estaba en el evento, como jóvenes vecinos de la zona, repartidores de comida en moto y hasta una mujer que filmaba una detención violenta.

Durante estos diez primeros días, todos han estado incomunicados y los defensores particulares en distintos casos fueron rechazados, aunque los defensores de oficio que brinda el Gobierno tampoco han hecho por defender a los jóvenes de las acusaciones que califican de infundadas.

Según los reportes conocidos hasta el momento, no se hallaron drogas ni armas entre los detenidos. Tampoco se realizaron destrozos o desmanes en el mobiliarios público de la ciudad. La familia de uno de los jóvenes que fue detenido al pasar por un retén al salir de clases contó a Sputnik que, según un relevamiento de las edades de los detenidos, la mayoría tiene entre 18 y 22 años de edad.

Diez de los amigos de Carlos Eduardo, un joven de 25 años, están detenidos desde aquella fecha. En diálogo con Sputnik, explicó cómo zafó de la situación por tener sus papeles en regla.

"Se nos acercaron dos policías en motocicleta en plan agresivo, no podíamos ni hablar con ellos. Pensamos que sólo iba a ser una cuestión de tránsito y que los iban a liberar en horas, pero los acusaron de haber cometido crímenes, cuando no fue así, solo salimos a rodar", explicó el joven a este medio.

En el caso de los hijos de Ana María Carrillo, estaban con sus tres motos en el estacionamiento de un supermercado cercano. Una de las jóvenes que presenció el momento contó que vieron pasar la caravana de motos, mientras esperaban que su cuñada se reuniera con ellos, quien también venía en moto.

Ella venía con su hijo de 13 años, quien fue detenido violentamente por la policía al hacerle una llave en su cuello con el fin de que su madre reaccionara y se metiera con el hijo dentro de la patrulla.

A pesar de no ser delitos considerados graves, no se les dio posibilidad de fianza. Así como llegó el final del término constitucional para una detención legal —que son 48 horas— en vez de ser liberados, fueron trasladados a distintos reclusorios.

Según el cálculo que realizaron las familias, hay al menos 124 personas presas en el reclusorio Norte, otras 19 en el reclusorio Oriente y al menos 30 mujeres en Santa Marta. Como señalaron, el grueso son jóvenes entre 18 y 22 años. Salvo algunas excepciones.

Así, una mujer de 38 años fue detenida por filmar una detención violenta en el mismo entorno del relato del estacionamiento del supermercado, en el Eje 1 norte y la Avenida Eduardo Molina.

"Yo desconozco de la rodada, me uní a ellos [los que protestaron el 15 de marzo] por mi familiar que fue golpeada, le robaron su celular pero alcanzó a subir a la nube una grabación de una detención. Ahora está acusada de resistencia de particulares y ataques a las vías de comunicación. Hay gente que fue a rodar, pero no es un delito y grabar tampoco", expresó durante la marcha el hombre quien portaba una pancarta con la misma frase "Grabar no es un delito".

Agregó que hasta el momento no había tenido comunicación con su familiar detenida.

En el caso del hermano de Laura Martínez, de 20 años, fue detenido junto a un amigo de 19, cuando se dirigían a cenar hacia su casa, también en moto. El joven confundió una calle y se topó con el mismo retén de los casos anteriores.

Cuando llegaron esa noche del 5 de marzo a la sede de la alcaldía Venustiano Carranza, extraoficialmente los guardias les decían que no se preocuparan porque los jóvenes saldrían pronto, pero no fue así: el 7 de marzo fueron trasladados a tres reclusorios distintos.

Durante los diez días que han pasado, ninguna de las dos familias ha podido comunicarse con los jóvenes. Una de las que intentó defender a sus hijos ante el tribunal por medio de un abogado particular recibió un rechazo a su pedido de excarcelación.

"Hay muchísimas fallas en las carpetas de investigación. En específico la causa de mi hermano y su amigo no tiene a ningún oficial que lo culpe directamente. Tampoco hay manifiesto de violencia de su parte, que es lo que establece la ley para el delito. Nuestro abogado pidió un audiencia para presentar pruebas, pero la rechazaron", explicó la fuente.

Su argumento pretendía demostrar que los jóvenes son vecinos de la zona como prueba la cercanía de su hogar, así como mediante los registros de las comunicaciones telefónicas, sostener que los muchachos habían avisado que estaban camino a casa. La respuesta del juez fue que los mantendría en prisión preventiva porque "se podían volver a reunir" ya que se les agregó el agravante de "pandillerismo".

Para Antonio Lara, experto en la temática, el agravante de la comisión de un delito en pandilla requiere que haya sólo dos personas inculpadas por el mismo crimen, pero hace que la pena pueda multiplicarse hasta un tercio de su valor original.

Aunque el criterio internacional tiene como base que nadie debe ser encarcelado hasta ser declarado culpable, en México se puede, argumentó Lara, gracias a la aplicación de la prisión preventiva ante una serie de delitos, como también ante el agravante de su comisión en pandilla.

"Niegan la excarcelación tras argumentar, pretendidamente, que las personas son un peligro para la sociedad, para los testigos del crimen o que tienen el poder de sustraerse de la acción de la justicia", explicó.

En el caso del expediente del hermano de Laura y su amigo, el juez indicó que dado su "poder de convocatoria", no los excarcelaría. Así la justicia encuadró a dos adolescentes en un marco de delincuencia organizada, cuando sólo equivocaron el camino de regreso a casa.

Tanto su familia como otras, hicieron saber que su reclamo a la autoridad que les permita volver a estos jóvenes a las vidas de las que fueron sustraídos forzosamente, ya que entre las familias consultadas para este artículo ninguno de los muchachos tiene antecedentes penales o infracciones que hagan suponer que se está frente a un grupo organizado del tipo de una pandilla, sino frente a la criminalización de jóvenes que caben en este estereotipo juvenil.

Los tres hijos de Valentina Contreras tampoco habían ido a la rodada. Su hijo de 19 años es repartidor de comida con la aplicación Rappi y esa noche se le rompió la moto, por lo que le pidió a sus hermanos de 21 y 17 años, que fueran a auxiliarlo. Ahí fueron detenidos los tres, aunque el menor de edad fue liberado esa noche.

"Al menor lo tiraron por la Fiscalía de Iztacalco y los otros dos se los llevaron al reclusorio Oriente, sólo por estar trabajando por allí. Nos quitaron las tres motos, de las que no hemos sabido más nada", explicó su madre.

En el caso de la señora Jaqueline Delgado, sus hijos sí fueron al concierto. Por medio de un oficio que redactó para entregar a la autoridad, argumenta que su hijo y su sobrino, de 19 y 21 años, no cometieron más delito que presentarse a un evento de entretenimiento. Están judicializados en la misma causa con 16 jóvenes a los que no conocen, pero que pasaron sus primeras 48 horas de detención en la misma agencia del ministerio público.

Hasta el día de la manifestación, la única salida que les ofrecía la justicia para recuperar su libertad era:

Jaqueline fue una de las madres que seguía en la fila el 15 de marzo, a las cinco de la tarde, tras una reunión que una comisión de las familias mantuvo con Claudia Sheinbaum.

Esperando en fila, cada familia brindó los datos de su caso a empleados del Gobierno y su contacto. Según explicó el abogado de otra familia, Cristian Fregoso, se abrirá una mesa de trabajo con la Conserjería Jurídica del Gobierno de la CDMX, que va a establecer el vínculo con el Tribunal Superior de Justicia.

Sin embargo, explicó que cada familia deberá presentar sus pruebas ante el juzgado correspondiente, por lo que la suerte de los jóvenes dependerá de la capacidad de defensa que cada una tenga.

La intención de lo pautado con la autoridad es que de no fincársele otros delitos, los jóvenes salgan sobreseídos, sin antecedentes penales. También lograron que la autoridad se comprometa a investigar los abusos de autoridad, ya que se expresó que el Gobierno tiene "una línea de trabajo de no represión y no criminalización".

Para Lara, el fondo del asunto es la persecución a una manifestación pública cultural y musical aunque ésta envuelva motos, rap o reggaetón, gustos que representan a una franja específica de la población y que suelen ser rechazados o estigmatizados por el resto.

En el fondo, sostuvo, se trata de una política de discriminación estructural por edad, que fue reconocido en 2011 en la reforma Constitucional de los derechos humanos en México. Este es el sustrato del exceso policiaco y el abuso de autoridad que se gatilló contra los jóvenes detenidos el 5 de marzo.