"Ante la sociedad boliviana y la comunidad internacional [el TSJ] manifiesta su pleno compromiso por el respeto a los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales, pero principalmente expresamos y ratificamos plenamente nuestra independencia judicial", dijo el órgano judicial en un comunicado.
La declaración surgió en medio de la tensión desatada por la detención preventiva de Áñez y algunos de sus colaboradores y en aparente respuesta al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que sostuvo que la justicia boliviana "no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso".
17 de marzo 2021, 00:17 GMT
El órgano máximo de la justicia boliviana, que recordó en su declaración que ha sido electo por voto popular, dijo que reprocha todo acto contrario a los derechos fundamentales, "sobre todo que deriven de intromisiones internas y externas que afecten la independencia judicial y soberanía del Estado".
Civicos-movimientos
Mientras Áñez, dos de sus exministros y varios exjefes militares y policiales pasaban sus primeros días en detención prejudicial, los comités cívicos de parte de la derecha opositora y los movimientos sociales desde el frente oficialista chocaban con duras posiciones a favor y en contra del proceso judicial.
Los comités cívicos regionales, liderados por el de Santa Cruz (este), emitieron en la noche del 16 de marzo una declaración exigiendo la libertad de los procesados y una amnistía para todos los "que lucharon por nuestro país", en referencia a la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019, a la que el partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) considera como un golpe de Estado.
"En caso de aprehensión, arresto, detención ilegal de cualquier ciudadano boliviano, incluyendo policías y militares, a título del caso de golpe de Estado, todo el país ingresará en un paro cívico", amenazaron los comités.
Denunciando "abuso de poder, persecución política y violación de derechos humanos" de parte del oficialismo y de la justicia, la declaración cívica llamó a los opositores al gobernante MAS a prepararse para "defender nuevamente la democracia" y reeditar si es necesario protestas callejeras.
La amenaza de paro cívico fue rechazada por los movimientos sociales, incluidos sindicatos nacionales, agrupados en el oficialista Pacto de Unidad, que convocó este 17 de marzo a marchas populares en todo el país, a realizarse el 22 de marzo.
Las marchas "en defensa de la democracia, por la justicia y y por los mártires en el golpe de Estado de 2019" constituirán "un rechazo democrático a la acción golpista de los comités cívicos", dijo uno de los líderes del Pacto de Unidad, el dirigente Henry Nina de los colonizadores campesinos.
Segundina Flores, de la Confederación de Mujeres Campesinos, añadió que los movimientos sociales no solo respaldan los procesos iniciados sino que exigen que se amplíen a otros líderes de la derecha que fueron parte del "golpe contra la democracia", citando a los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002).
El presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, llamó por su parte a los comités cívicos que "dejen sus actitudes violentas y a las organizaciones sociales "cordura y estar a la altura que exige en este momento el país".
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