"Se deben imponer sanciones multilaterales tanto a los líderes de la junta como a sus principales fuentes de ingresos, incluidas las empresas de propiedad y control militares", dijo Andrews, al presentar su informe en el Consejo de Derechos Humanos.
El experto citó múltiples ejemplos documentados de asesinato, tortura y persecución contra civiles como motivo de las medidas restrictivas, y destacó que eran sistemáticas.
Además, el relator informó que al menos 70 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad después del golpe de Estado en Birmania.
"Hasta la fecha, según informes fidedignos, las fuerzas de seguridad de Birmania mataron al menos a 70 personas", dijo Andrews.
La mayoría de los muertos son menores de 25 años, precisó.
El relator alertó que el número total de arrestos y detenciones arbitrarias, desde el 1 de febrero, superó los 2.000, y la violencia contra los ciudadanos aumenta constantemente.
El 1 de febrero los militares de Birmania dieron un golpe de Estado, detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos al presidente Win Myint y a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, y decretaron el estado de emergencia por un año, prometiendo organizar más adelante nuevas elecciones y traspasar el poder al partido ganador.
Los altos mandos del Ejército, que habían gobernado Birmania durante décadas, explicaron su actuación con un supuesto fraude electoral masivo, cometido durante los comicios del 8 de noviembre de 2020 y con la negativa de la comisión electoral nacional de efectuar una investigación.
La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del gobierno y la liberación de los presos políticos.