"Diez meses después de que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP empezó el estudio de medidas cautelares colectivas para proteger a los comparecientes de las FARC, la jurisdicción encontró que se cumple con los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad para impartir órdenes a distintas autoridades", indica el comunicado de la JEP.
Entre los organismos a los que emitió órdenes se encuentran los ministerios de Defensa y del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como la Procuraduría General (Ministerio Público), para que "se fortalezca el monitoreo y seguimiento de los resultados, eficacia y el cumplimiento de las alertas tempranas", mecanismos mediante los cuales se advierte a los organismos de seguridad qué personas o poblaciones corren peligro de muerte.
Aunque la JEP reveló el tema el martes, aseguró que las órdenes fueron impartidas el viernes pasado, luego de que el jueves convocó a una Audiencia Pública Nacional en la que los magistrados escucharon rendir cuentas a distintas instituciones del Gobierno y a la Fiscalía sobre su gestión para contener y prevenir el asesinato y las amenazas de firmantes del Acuerdo Final de Paz.
Medidas
Entre las órdenes dictadas, la JEP conminó al Ministerio de Defensa a apoyar a la Fiscalía General para que pueda avanzar con las investigaciones judiciales en las zonas donde no se le ha permitido trabajar porque son de alto riesgo en materia de seguridad.
Asimismo, requirió al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, para que al término de dos semanas envíe a la JEP los lineamientos y el plan de acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales, al tiempo que ordenó a la Defensoría del Pueblo fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas.
La JEP también ordenó a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía informar sobre los avances en las investigaciones de 19 ex combatientes de las FARC asesinados, que previamente habían denunciado amenazas.
24 de noviembre 2020, 20:19 GMT
Según el organismo, "hay un bajo nivel en el acatamiento de las recomendaciones" que hace la Defensoría del Pueblo al Ministerio del Interior y no hay "acciones judiciales o disciplinarias interpuestas ante las autoridades que busquen asegurar el cumplimiento de las competencias de las entidades del Gobierno en materia de protección de excombatientes".
El tribunal, creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana, encontró que "persiste la desarticulación, ausencia o escasez de respuesta pronta y eficaz por parte de las autoridades competentes para la mitigación o disuasión de riesgos".
Asimismo, dijo que "los espacios interinstitucionales no resultan eficaces para ese propósito, ni se detectan herramientas o instrumentos idóneos de medición de resultados de las acciones emprendidas".
En el caso de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, la JEP encontró que las cifras de esclarecimiento de los hechos relacionados con homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de personas reincorporadas de las FARC "solo reflejan 33 sentencias proferidas en los 280 procesos iniciados".
Para la JEP, en relación con las amenazas "la situación es aún más compleja", pues apenas se han proferido siete sentencias en las 251 investigaciones realizadas, lo cual no representa ni siquiera el dos por ciento de las investigaciones.
Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, en noviembre de 2016, alrededor de 13.000 integrantes de las FARC se desmovilizaron e iniciaron un proceso de reincorporación a la vida civil, pero desde esa fecha hasta la actualidad, 258 de ellos han sido asesinados.