El Gobierno español tenía hasta el 16 de febrero para responder a una comunicación que le hizo la ONU en la que le pedía una solución a la situación que atraviesan los habitantes de la Cañada Real, donde más de 4.000 personas, entre ellas 1.800 menores de edad, viven desde hace más de tres meses y medio sin electricidad.
Según el relator especial de la ONU, Olivier De Schutter, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España aseguró que el Ejecutivo no es el responsable de buscar una solución a la situación en la Cañada Real.
De Schutter reprochó esta respuesta y aseguró que "lo verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad durante el invierno".
Preguntada por estas declaraciones, la portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero (PSOE), se escudó en la "arquitectura competencial" de la administración para culpar de la falta de suministro en la Cañada Real al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, en manos del conservador Partido Popular.
"La atención a las situaciones de necesidad tienen diferentes intensidades dependiendo de las administraciones", dijo Montero, antes de añadir que corresponde a las corporaciones locales "intentar dar una respuesta de urgencia a estas situaciones". La ministra portavoz llegó incluso a afirmar que una eventual intervención del Gobierno central sobre el asunto podría suponer "una usurpación de funciones".
En diciembre de 2020, el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, Olivier De Schutter, mandó una carta al Gobierno de Pedro Sánchez pidiendo explicaciones sobre la situación que atraviesan los pobladores de la Cañada Real. En esa carta, que fue enviada a iniciativa del relator especial sobre vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, pedían al Gobierno de España tomar las medidas necesarias que permitieran restablecer con carácter de urgencia el suministro eléctrico a las familias afectadas.
Los habitantes de la Cañada Real, uno de los barrios más pobres de Madrid, llevan más de tres meses denunciando que debido al corte de suministro eléctrico sus vidas se han visto seriamente afectadas, especialmente la de los niños. Durante el temporal Filomena tuvieron que soportar temperaturas bajo cero e incluso hospitalizar a bebés por hipotermia.
La empresa Naturgy alega que no les han cortado el suministro, sino que se interrumpió el servicio debido a "elevadas sobrecargas en la red" que, según la Comunidad de Madrid, provocan mafias dedicadas a cultivar plantas ilícitas en ese lugar.
Y mientras el Gobierno central y el regional se traspasan responsabilidades, el tiempo pasa y las condiciones de vida de las familias de la Cañada Real se agravan.
"Es una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales", alerta el relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter.