En un comunicado, la Cámara de Diputados informó que fue aprobado el proyecto de ley 25/21, que tipifica nuevos delitos, como el de "infracción del plan de inmunización".
La infracción del orden de prioridad en la vacunación tendrá una pena prevista de uno a tres años de cárcel y multa.
La condena aumentará un tercio en caso de que los agentes públicos falsifiquen certificados médicos o cualquier tipo de documento para acceder a la vacuna.
En las últimas semanas, salieron a la luz diversos casos de alcaldes y otros políticos que se vacunaron contra el COVID-19 sin respetar el orden de prioridad.
En las primeras semanas las vacunas eran únicamente para personal médico de la línea de frente del combate a la pandemia, ancianos en residencias o indígenas, entre otros grupos.
En la ciudad de Manaos (capital del estado de Amazonas) hubo tantos casos de fraude que la Justicia llegó a ordenar la paralización de la campaña de vacunación hasta que las autoridades locales no publicaran una lista con el detalle de todas las personas vacunadas.