"Me parece importante ser capaces de tener una cierta cintura política para poder encajar aquellas cuestiones que sean desproporcionadas o que tengan una alarma o un impacto social", dijo Montero en rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.
El Gobierno español anunció en la noche del 8 de febrero que "considerará que aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales, debieran permanecer al margen del castigo penal".
La Audiencia Nacional de España dio el pasado 28 de enero un plazo de diez días a Pablo Hasél para acudir de forma voluntaria a un centro penitenciario.
Este artista, nacido en Lleida (Cataluña), fue condenado en 2018 a nueve meses de cárcel por enaltecer el terrorismo y calumniar a la monarquía española en decenas de mensajes de Twitter y una canción publicada en Youtube. A esta pena se suman otros dos años de cárcel que la Audiencia española le impuso en 2015 también por enaltecimiento del terrorismo en sus canciones.
La noticia de su entrada en prisión provocó un manifiesto de rechazo firmado por más de 200 personalidades de distintos ámbitos artísticos, incluyendo a figuras de proyección internacional como el director Pedro Almodóvar o Javier Bardem, ambos ganadores del premio Óscar, o el cantante Juan Manuel Serrat, entre otros.
Horas después, el Ministerio de Justicia hizo público un comunicado donde propone una revisión de delitos relacionados con la libertad de expresión para que solo se castiguen las acciones que supongan "un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta".
María Jesús Montero admitió este 9 de febrero que la decisión del Gobierno llega tras un proceso de "escucha activa" de las reacciones al caso de Pablo Hasél, aunque defendió que también parte del "propio convencimiento" de que la condena al rapero es desproporcionada.
"Ante una situación real que se ha producido derivada de la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico un Gobierno progresista que defiende la libertad de expresión entiende que no debe tener unos límites de condena penal como los impuestos en esta sentencia", añadió.
Pese a anunciar su intención de despenalizar los delitos a la libre expresión, la portavoz del Gobierno no aclaró cuáles serán los plazos de esta reforma y eludió las preguntas de la prensa sobre un posible indulto a Pablo Hasél, que a priori quedará al margen de los cambios jurídicos inspirados por su caso.