El escrito, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), argumenta que posponer la votación sería una "anormalidad jurídica e institucional" en la que quedaría vulnerado "el derecho fundamental a la participación política".
El Ministerio Público destaca además que los comicios fueron convocados ya en plena pandemia, por lo que el actual escenario de "aumento de contagios" era "notoriamente previsible" cuando la Generalitat de Cataluña puso en marcha la maquinaria electoral.
En ese sentido, el escrito argumenta que posponer los comicios por el aumento de contagios crearía un escenario de inseguridad jurídica, ya que daría motivos para aplazar la cita electoral "por tiempo indeterminado en tanto subsista la situación de crisis sanitaria".
Además, la Fiscalía argumenta que la normativa electoral no permite aplazar una cita ya convocada, por lo que el decreto del gobierno regional está "huérfano" de cobertura legal "que permita adoptar dicha decisión".
El TSJC suspendió el pasado 19 de enero la decisión del Gobierno de aplazar los comicios a causa del empeoramiento de la pandemia.
Lo hizo en respuesta a uno de los varios recursos presentados por partidos políticos minoritarios, entidades, y uno particular contra el cambio de fecha electoral.
Esa decisión se adoptó de forma cautelar y los jueces todavía tienen hasta el 8 de febrero para fijar una postura definitiva, aunque está previsto que lo hagan antes.
Mientras tanto, con la incertidumbre de si los comicios se celebrarán en la fecha prevista, la campaña electoral arrancó el 28 de enero en un clima enrarecido por la pandemia, ya que los candidatos tuvieron que adelantar varias horas la tradicional pega de carteles de medianoche por las restricciones sanitarias, que incluyen un toque de queda a partir de las 22.00 horas.