Acompañada por el nuevo ministro de Función Pública y Política Territorial, Miquel Iceta, ha trasladado a las comunidades autónomas la necesidad de establecer "medidas preventivas y correctivas" a quienes se salten el orden marcado por el protocolo de vacunación.
En este sentido, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado de la aprobación de un acuerdo en el que se establece que "no caben atajos" en el proceso de vacunación, "solo cumplir con los criterios que hemos establecido". De este modo, se pretende garantizar que los procesos de vacunación se llevan a cabo tal y como están indicados y evitar nuevos casos de políticos y altos cargos, entre otros, que se han vacunado antes de tiempo, como los que han salido a la luz en los últimos días.
Darias ha resaltado la importancia de las medidas que están tomando a cabo las comunidades autónomas "con restricciones importantes, que sabemos que son duras y absolutamente necesarias para ir variando la tendencia de los indicadores". Ha insistido en que "cuesta muchísimo bajar la incidencia" y que "necesitamos bajar con la máxima rapidez". Para ello, ha señalado, "tenemos que aprovechar al máximo las medidas que nos permite el estado de alarma para contener la propagación del virus".
Otro de los temas de la agenda del día ha sido la nueva situación generada por el retraso en la llegada de las nuevas dosis de vacunas. La Comunidad de Madrid y Cataluña ya avanzaron que se han visto obligadas a retrasar la vacunación por la falta de suministro. Aún así, la ministra ha asegurado que el Gobierno mantiene la previsión de tener vacunada al 70% de la población de España en el verano.
La reunión se celebra en medio del revuelo que se ha generado en la Unión Europea, que exige que las farmacéuticas cumplan con la entrega de las dosis acordadas. En este sentido, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido a la ministra que vaya a Bruselas, se "involucre directamente" y pida explicaciones a la Comisión Europea y a Pfizer por la falta de vacunas en España.
Una vez más, territorios como Castilla y León piden que se modifique el decreto del estado de alarma para permitir a las autonomías llevar a cabo confinamientos de la población y otras medidas, como adelantar el toque de queda, con el objetivo de doblegar al curva.