"La orden ejecutiva ordena al fiscal general rechazar la renovación de contratos con centros penitenciarios operados por empresas privadas, una medida que empezamos a tomar al final de la administración de (Barack) Obama (2009-2017) y que fue revertida bajo la administración anterior (de Donald Trump (2017-2021))", dijo Biden antes de firmarla.
El mandatario describió a la medida como el primer paso para evitar que las corporaciones se beneficien de un encarcelamiento menos humano y menos seguro.
"Es solo el comienzo del plan de mi administración para abordar los problemas sistémicos en nuestro sistema de justicia penal", añadió.
Según datos del Corporate Accountability Lab (CAL), más de 4.100 empresas se benefician del encarcelamiento masivo en Estados Unidos.
En 2017, dos compañías penitenciarias privadas, Geo Group y CoreCivic, obtuvieron conjuntamente casi 1.000 millones de dólares en negocios con el Gobierno federal estadounidense.