La decisión judicial suspende "de forma cautelar y provisional el decreto que convocaba las elecciones el 30 de mayo" y por lo tanto "pasa a estar provisionalmente en vigor el decreto que las fijaba para el 14 de febrero", informó el alto tribunal.
El Gobierno de Cataluña había firmado el 15 de enero un decreto para posponer los comicios hasta la primavera a causa del empeoramiento de la pandemia del COVID-19.
En los días siguientes, el tribunal catalán recibió varios recursos contra la decisión de las autoridades catalanas presentados por partidos políticos sin representación parlamentaria, entidades y un particular.
Esta persona solicitó medidas cautelarísimas, lo que obligó a los jueces a pronunciarse de urgencia sobre el aplazamiento.
Al tratarse de una medida provisional, la resolución del TSJC no es definitiva y la Justicia todavía deberá pronunciarse de fondo sobre un posible retraso electoral.
No obstante, a la práctica esto implica que los comicios del 14 de febrero siguen en curso y las autoridades deben garantizar los preparativos de cara a la convocatoria.
El próximo dictamen judicial se tomará también de urgencia, ya que solo queda un mes para la votación y diez días para el inicio de la campaña electoral.
Por este motivo, los jueces solicitaron al Gobierno catalán y la Fiscalía que presenten sus alegaciones a favor o en contra del aplazamiento en los próximos tres días.
En una declaración institucional tras aprobar la suspensión del 14-F, el vicepresidente de Cataluña con funciones de presidente, Pere Aragonès, defendió el traslado de fecha "para salvar vidas y preservar el derecho a voto" de los catalanes.
Las autoridades de la región española llevaban semanas advirtiendo de que el complicado escenario epidemiológico derivado del COVID-19 ponía en peligro la celebración de una cita electoral con plena normalidad.
El retraso se adoptó en consenso con las formaciones políticas representadas en el Parlamento de Cataluña y pese a la oposición del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), cuyo candidato electoral es el ministro español de Sanidad, Salvador Illa.
El Gobierno de España también se inclinaba por mantener la cita electoral y apeló a la cautela de los dirigentes catalanes al tratarse de una cuestión de democracia.