"El Gobierno de Cataluña ha reactivado los procedimientos para mantener el derecho a voto para las elecciones si finalmente se deben celebrar en febrero", explicó en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó.
Lo hizo en respuesta a uno de los varios recursos presentados por partidos políticos minoritarios, entidades y un particular contra el cambio de fecha electoral.
Aunque se trata de una medida provisional hasta que los jueces se pronuncien de fondo, en la práctica implica que los comicios del 14 de febrero siguen su curso y las autoridades tienen que garantizar los preparativos de cara a la convocatoria.
La portavoz catalana manifestó que el Gobierno "no comparte la decisión del TSJC" dado que el aplazamiento electoral "respondía a un criterio sanitario y epidemiológico que a día de hoy sigue vigente".
"Hay circunstancias sanitarias que impiden garantizar las condiciones necesarias para realizar la jornada de votación, y defenderemos esta posición durante las alegaciones que presentaremos ante el TSJC", añadió Budó.
Desde el Gobierno insistieron en que retomarán el dispositivo para los comicios de febrero pero pidieron a los jueces "máxima celeridad" para resolver los distintos recursos y adoptar una decisión concluyente.
Las autoridades catalanas defienden que la celebración de elecciones en febrero, cuando se espera un pico de contagios de la tercera ola del COVID-19, pone en peligro la salud de los ciudadanos así como su derecho a voto.