En la madrugada de este 30 de diciembre, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada en el Parlamento. Miles de personas, reunidas en las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires, celebraron el resultado tras una campaña que se inició en el año 2005 por organizaciones sociales y feministas.
En Órbita dialogó con Silvia Juliá, abogada e integrante de la Comisión del Proyecto de Ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Argentina.
"Ha sido un logro de los movimientos. La campaña surgida en 2005 logró movilizar y concientizar a que las mujeres hicieran propia esta bandera. Desde 2015 se despliegan las movilizaciones verdes, articuladas también con el movimiento Ni Una Menos. Es una participación que se suma y se suma", dijo.
La ley aprobada contempla la despenalización hasta las 14 semanas de gestación y un máximo de días para la realización a partir de la consulta. También indica que los profesionales tienen derecho a la objeción de conciencia, que se deberá mantener en los ámbitos públicos y privados en los que ejerza.
La abogada, que además es directora jurídica y asesora legal de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina, se refirió a este punto.
"Todas las movilizaciones construyeron una plataforma en la cual la ley se puede aplicar. Esto se ve pocas veces. Generalmente son grupos pequeños los que logran cambios en la ley, con un fuerte lobby. En este caso, tenemos un futuro de feminismos muy intenso en el país para lograr más cosas", señaló Juliá.
En tanto, organizaciones que se autodenominan "provida" arremetieron desafiantes a través de las redes sociales contra la norma aprobada.
"En 2021 y en cada una de las próximas elecciones van a sentir la fuerza de un electorado que no está cautivo. El aborto no será ley, porque empieza la revolución de la vida", dice un tuit de la Unidad Provida.
Bolivia: año nuevo, mandos nuevos
El presidente Luis Arce cambió a la cúpula militar a 43 días de haber asumido. La decisión trata sobre los cuestionamientos de los ahora exjerarcas a la apertura de procesos judiciales por las masacres posteriores al Golpe de Estado de 2019 que derrocó a Evo Morales.
El mandatario afirmó que los relevos responden a las demandas ciudadanas de justicia por la muerte de casi 30 civiles durante las protestas del año pasado.
Las manifestaciones contra el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez dejaron unas 1.500 personas presas, acusadas de terrorismo o sedición.
"Si no hubiera existido una movilización popular, especialmente la de agosto de este año que garantizó una fecha definitiva de las elecciones, probablemente el dominio de los actores que participaron del golpe de Estado hubiera prolongado al Ejecutivo de Facto", dijo a Sputnik el presidente del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza.
Por su parte, el analista político Gabriel Villalba consideró que el Ejecutivo de Áñez preparaba un fraude, pero frente al apoyo popular hacia Arce retrocedió en el plan.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también investiga las masacres y represión policial tras el derrocamiento del exmandatario Evo Morales.
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