"La organización planeaba controlar los sectores clave de la economía española e infiltrarse en Instituciones del Estado, contando para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y 'hackers' informáticos", señaló la Policía Nacional a través de un comunicado.
El dispositivo desplegado contra esta red se llevó a cabo en las provincias de Madrid, Alicante, Tarragona e Ibiza, donde, además de las detenciones, se intervinieron armas de fuego y 300.000 euros en efectivo, diamantes y monederos virtuales con criptomonedas.
Del mismo modo, fueron incautados 16 vehículos de lujo, y se procedió al bloqueo de numerosas cuentas bancarias y activos patrimoniales por valor de millones de euros.
Por el momento, se desconoce la identidad y nacionalidad de las personas detenidas, aunque fuentes de la Policía Nacional señalaron a Sputnik que el grupo estaba integrado "de forma mayoritaria por personas rusas y españolas".
La investigación contra esta red comenzó en el año 2013, cuando los agentes detectaron que la mafia rusa había intensificado su actividad en España, utilizando al país "como punto de entrada para el blanqueo de capitales de organizaciones criminales".
Entre las actividades atribuidas a estas organizaciones se encuentran:
El dinero procedente de estas actividades se invertía sobre todo en "discotecas, restaurantes y el sector inmobiliario de la costa española".
Según detalla el comunicado de la Policía Nacional, los integrantes de la red "hacían uso de las ingentes cantidades económicas que introducían en nuestro país para corromper e infiltrarse en instituciones públicas".
"Así, mientras unos pasaban inadvertidos para actuar en la sombra, otros eran activos en la política y la esfera pública, manteniendo un contacto estrecho y fluido con representantes de la Administración pública de distintos perfiles a quienes trataban de captar para su red de influencias", detalla la Policía Nacional.
Esto les permitía "llevar a cabo sus negocios con impunidad, recurriendo al cohecho y al tráfico de influencias para facilitar sus operaciones de blanqueo".
Estas redes clientelares facilitaban un "alto grado de enraizamiento en las Instituciones" que "proporcionaba a la organización una amplia protección contra la investigación policial", obligando a la Policía a desarrollar las pesquisas "con la máxima reserva por el peligro de filtraciones".