"En una nota de protesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores insiste en que la fuga de Ghosn de Japón mientras esperaba el juicio es un acto ilegal según la legislación de cualquier país, y opina que el grupo de trabajo malinterpretó algunos aspectos de la situación", dijo la agencia Kyodo citando fuentes diplomáticas.
En particular, según el informe de la ONU, el grupo de trabajo "considera que las autoridades no pudieron presentar una justificación legal para la detención de Ghosn" y "su privación de libertad no tiene razón".
Según los expertos, las reiteradas detenciones constituyeron "violaciones al proceso judicial" que no pueden tener base legal según el derecho internacional.
A su vez, Japón subraya que el informe fue emitido sin una comprensión completa de todos los aspectos del derecho procesal japonés.
Ghosn fue arrestado el 19 de noviembre de 2018 en Japón por ocultar parte de sus ingresos, pero desde abril de 2019 se encontraba en libertad bajo fianza, cuyas condiciones violó al escapar de Japón a finales de diciembre pasado.
De los primeros tres, dos están relacionados con la ocultación de ingresos por valor de miles de millones de yenes y uno, por el supuesto intento de trasladar a las cuentas de Nissan sus pérdidas de inversión personales.
Además, en abril de 2019 la Fiscalía de Tokio presentó una nueva acusación contra Ghosn, por haber desviado en beneficio propio unos fondos de Nissan, a través de un concesionario en Omán, a una empresa fantasma suya en el Líbano, causando al fabricante japonés unas pérdidas de unos cinco millones de dólares.
El pasado 2 de enero de 2020, el Líbano informó haber recibido una notificación roja, o petición de arresto de Ghosn, por parte de la Interpol, y el día 9 del mismo mes, Ghosn fue citado para ser interrogado en Beirut, aunque el tribunal local dijo que examinaría el caso dentro de su margen legal.