Las vallas están cubiertas de lazos naranjas. En la entrada, junto al cartel que lo define como un centro concertado de la Comunidad de Madrid (es decir, financiado con fondos públicos), una pancarta impresa recientemente espeta: "Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos". El colegio Los Tilos, situado en el distrito de Vallecas, al sur de la capital, se opone así a la nueva normativa educativa, invitando a firmar un manifiesto en su página web. "Libres y punto", reza por su parte el Tajamar, en el mismo enclave.
Una división que también se palpa en la calle. Los colegios concertados han protestado por el supuesto agravio y achacan al Ejecutivo priorizar su ideología sobre la libertad individual. Los colegios públicos y sindicatos alaban la propuesta, con alguna pega, por su atrevimiento a la hora de atacar esta línea educativa que se originó en los años ochenta como algo temporal y que en la actualidad acoge a un cuarto de los ocho millones de personas en edad formativa no universitaria.
"Cuando me metieron con chicas, dejé el instituto", ríe Jorge, de 45 años. Padre de un alumno del Tajamar, cree que la separación no es lo mejor, pero funciona. "Entiendo cómo son los chavales y las chavalas, pero así la disciplina y la preparación es mejor", argumenta. Su hijo, de 17 años, practica varios deportes. Y encuentra en este centro las instalaciones adecuadas. "Tuve que sacarle de otros sitios para que estudiara mejor", alega, confesando que paga una donación de unos 80 euros para actividades extraescolares: en 2019 recibió 4,2 millones de euros de la Comunidad de Madrid, según lo publicado por la cadena Ser.
Carlos Granado, sacerdote y director del centro Stella Maris, apuntaba en una entrevista de El Confidencial Digital que "el argumento del igualitarismo no lo puede tomar en serio nadie que quiera educar". "Que la diferencia sexual tiene una importancia decisiva me parece también un punto de partida, que es necesario asumir con serenidad e integrar en algo mayor, como es la posibilidad de una plenitud en la comunión recíproca. Todo el trabajo del niño se encuentra aquí con un punto que afecta a su propia maduración como persona. Lo que es decisivo es saber acompañarle para que la integre con esperanza", opinaba.
En cuanto a la educación sexual, que el ministerio quiere potenciar, decía: "No se les da una respuesta adecuada, si no se les sabe acompañar en el proceso de integración de sus deseos, acabarán banalizando la sexualidad, usándola para el placer y el dominio, y así desdibujan su carácter humano y personal, pues es un don maravilloso que Dios nos ha dado para no vivir en la soledad, sino en la comunión".
"No estoy muy enterado, pero supongo que no les causa ningún problema", piensa Jaime, un chico de 17 años, en las puertas del Tajamar. A él le han informado estos días sobre las manifestaciones que ha habido y están convocadas en contra de la ley. Hace unos días, de hecho, algunas clases de los cursos más bajos (con niños de menos de siete años) se acercaron a un parque cercano a plantar lazos naranjas. Lo hicieron estos dos colegios contiguos (Sputnik no ha podido contactar directamente con ningún responsable) aunque el apoyo se extiende a la mayoría de concertados. Una profesora de otro subvencionado, por ejemplo, asegura que, aunque miembros del equipo directivo utilicen consignas de denuncia, aún no han debatido el asunto.
La ley Celaá establece que, cuando no existan plazas suficientes en escuelas públicas, la escolarización se hará prioritariamente por proximidad de domicilio o del trabajo, por la existencia de hermanos matriculados, así como la renta per cápita. Además, esta normativa contempla que los centros concertados no podrán percibir ningún tipo de aportación económica obligatoria. "La educación concertada ya era gratuita por ley", insiste Muñoz, que defiende el pago de cuotas como uso para actividades extraescolares.
El portavoz de Más Plurales alude a una de las consignas más repetidas por estos centros: el gasto por alumno. Mientras en la pública es de 5.607 euros, según las estadísticas de la Educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional referentes a 2016, en la concertada rondan los 3.000 euros, según distintos informes a lo largo de los años. Sin embargo, Manuel Muñiz Pérez, uno de los autores del estudio Colegios concertados y selección de escuela en España, un círculo vicioso, se refiere a este dato como "una falacia" porque se juegas “con reglas diferentes”.
"La pública acoge a la mayoría del alumnado con necesidades educativas especiales, al 80% de los inmigrantes y a todo el alumnado de centros rurales", que "en términos económicos son menos rentables porque te va a dar grupos pequeños", defendía en un artículo de Newtral. "El grueso del coste de un alumno en educación es el tema del personal, como el pago a los profesores. En la pública tienes a profesores que se han ganado una plaza y por lo tanto van a cobrar más dinero, tienes grupos más pequeños que permiten una mayor calidad educativa y con profesores que dan menos horas que la concertada. Solo con eso, se explica gran parte de donde viene la diferencia del coste".
Un responsable del sindicato UGT en esta rama, que no quiere dar nombre, incide en que las reacciones son "muy malas". "Es todo por ideología, porque si algo funciona no hay por qué destruirlo", razona, añadiendo que "quieren prohibir el castellano y la libertad". En realidad, la ley simplemente establece que el castellano, al contrario de lo que decía la normativa anterior, no es una lengua vehicular. Es decir, que no constará como obligada u oficial, a pesar de que al término de las etapas de primaria y secundaria deberán alcanzar un dominio pleno.
Varios centros concertados próximos al Tajamar, como el Gredos San Diego o el Nueva Castilla, también incluyen esa cuota. La esconden bajo distintas denominaciones y se suman a otros ingresos por libros o uniforme. La diferencia es que no segregan ni tienen un cartel en la puerta donde pone: "Más libres, más plurales, más iguales".