Una nueva versión de iOS causó que los iPhones más antiguos dejaran de funcionar de manera inesperada y que una actualización para arreglar este problema alterara en oculto el rendimiento de estos dispositivos.
Algunos sospecharon que se trataba de un fallo intencionado para incentivar a los clientes con aparatos antiguos a comprar un nuevo teléfono móvil. Aún más, el Fiscal General de Arizona, Mark Brnovich, quien dirigió la investigación en varios estados, mostró que Apple era bastante consciente de la magnitud del problema y las deficiencias en su solución.
Brnovich y sus compañeros alegaron que Apple había violado varias leyes de protección al consumidor, como la Ley de Fraude al Consumidor de Arizona, por "falsificar y ocultar información" con respecto a los problemas de la batería del iPhone y las consecuencias negativas irreversibles de la actualización que emitió para solucionarlos, comparte la revista TechCrunch.
La Ley de Fraude al Consumidor de Arizona establece hasta 10.000 dólares por una violación intencional e incluso más, dada la cantidad de personas afectadas.
Además del pago, Apple debe "proporcionar información veraz a los consumidores sobre el estado de la batería del iPhone, su rendimiento y la optimización de energía".
En mayo de 2020, Mark Brnovich demandó a Google alegando que había violado la privacidad de sus usuarios al recopilar información sobre su ubicación, incluso si habían desactivado el rastreo digital.