El 12 de noviembre Amnistía Internacional informó que el 9 de noviembre por la noche "mataron a decenas o, probablemente, cientos de personas a machetazos o puñaladas en Mai-Kadra, localidad de la zona suroccidental de la región etíope de Tigray". Según la ONG, se trata de "la matanza de un número muy elevado de civiles, que parece que eran jornaleros sin relación alguna con la actual ofensiva militar".
"Bachelet llamó a realizar una investigación completa hasta que los detalles de los presuntos asesinatos masivos denunciados por Amnistía Internacional en Mai-Kadra en el suroeste de Tigray sean verificados por completo", dice el comunicado de la oficina de Acnudh.
En la nota la alta comisionada subrayó que "si se confirma que los cometió de manera deliberada uno de los bandos de los combates que están en curso, esos asesinatos de civiles equivaldrían a crímenes de guerra, y se debe llevar a cabo una investigación independiente y garantizar la plena rendición de cuentas por lo que pasó".
Bachelet subrayó que lo más importante en la actualidad es "detener los combates y prevenir que tengan lugar nuevas atrocidades".
El 4 de noviembre las autoridades de Etiopía iniciaron una operación militar en la región de Tigray, tras acusar al partido político Frente de Liberación Popular de Tigray (FLPT), que controla esa zona, de haber atacado una base militar. En la región fue declarado el estado de emergencia por seis meses.
Por su parte, el FLPT niega el ataque y acusa al Gobierno de inventarlo para justificar la intervención militar en la zona.
El 7 de noviembre el Parlamento del país autorizó crear un gobierno interino de transición para sustituir a las autoridades regionales, elegidas en los comicios de septiembre en el Tigray.
El Gobierno federal tachó de ilegítimas esas elecciones, dado que en el resto del país los comicios fueron aplazados por la pandemia del coronavirus.