Consultores en comercio internacional señalaron que ambos pactos incluyen cláusulas ratchet (cremallera) de irreversibilidad, las cuales establecen que, en caso de que alguno de los países miembro proceda unilateralmente a reducir o eliminar restricciones sobre transacciones, operaciones o actividades comerciales, éstas quedan automáticamente bloqueadas.
Todo lo anterior podría implicar que los procesos de apertura y liberalización señalados en esos acuerdos resguarden las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, en diversos sectores, incluido el energético. El TIPAT incluso va más allá, ya que su capítulo sobre Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados impide explícitamente dar un trato favorable a esas compañías, señala El Economista.
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propuso discutir en el actual periodo de sesiones del Senado mexicano seis acciones para consolidar y mejorar la posición financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como para modificar algunas dinámicas en el sector energético. Entre las propuestas, se pretenden ajustes a las leyes de Petróleos Mexicanos y de Hidrocarburos que asistan a reforzar el papel de la petrolera nacional en el mercado, aliviar su situación fiscal y mejorar sus finanzas.
Ambas propuestas implican violaciones a los tratados firmados por México, por lo que las empresas afectadas podrían recurrir a paneles de solución de controversias Inversionista-Estado, por los cuales México tendría que compensar a los afectados en caso de perder. Incluso podrían levantarse paneles Estado-Estado, donde los países afectados tendrían el derecho de aplicar represalias contra México en cualquiera de los sectores afectados.
Las restricciones a inversiones en la producción de energías renovables publicadas en mayo ya han llevado a las empresas a solicitar amparos en México. Del mismo modo, en septiembre, el Departamento de Estado estadounidense alertó sobre el hecho de que los inversionistas en México están cada vez más preocupados por los cambios que el Gobierno de López Obrador ha promovido en el sector energético, un aspecto que considera ha afectado la confianza de las empresas privadas.