"Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla [un municipio del sur de la región]. Gracias por el caos, Pedro Sánchez", señaló en un mensaje publicado en redes sociales la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ese mensaje —donde se obvia el hecho de que Madrid ya aplicaba limitaciones a la movilidad en algunas zonas de Parla antes de 2 de octubre— ilustra el enfado de las autoridades regionales con el Gobierno de España.
En un tono similar se expresó unas horas antes el consejero de Justicia del Gobierno madrileño, Enrique López, para el que las nuevas medidas generarán "un gran caos".
"Estas medidas generan un gran caos que vamos a intentar paliar", afirmó en una rueda de prensa en la que pidió "disculpas" a los ciudadanos por la "incertidumbre y desasosiego" causadas por "el Gobierno de la nación".
A partir de las 22.00 horas (GMT+1) de 2 de octubre, Madrid deberá restringir la movilidad de sus ciudadanos en todos los municipios grandes que superen los 500 contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Es decir, un 72% de la población se verá afectada.
Esos ciudadanos solo podrán abandonar su municipio por motivos laborales u otras causas de fuerza mayor. Además, se aplican otras restricciones como prohibir el consumo en barra en los bares u obligar al cierre de comercios a las diez de la noche (once para la hostelería) y se mantienen otras como la obligación de limitar a seis personas todas las reuniones sociales.
De esta manera, las restricciones se limitaban a un millón de habitantes (15,4% de la región que acumulaba el 27,2% de positivos), mientras que ahora se actuará sobre un 72% de la población que representa el 77% de casos.
A ojos de las autoridades regionales esto es un problema, ya que expandir las medidas a todo el municipio de Madrid (más de tres millones de habitantes) también hace crecer el número de personas cuya libertad se ve limitada pese a no ser positivo o caso sospechoso.
En concreto, la región argumenta que en las 45 zonas de salud se restringía la movilidad de 28 personas por cada caso de COVID-19, mientras que ahora, solo en la ciudad de Madrid, habrá limitaciones para 132 personas por cada caso.
Pero por encima de todo, las autoridades de Madrid rechazan las medidas porque, según sus cálculos, generarán una "catástrofe económica".
"Van a provocar pérdidas, si se mantienen durante un mes, de más de 8.000 millones de euros a la economía", añadió Enrique López, el consejero de justicia.
Por otro lado, el Gobierno de España defiende la necesidad de las medidas en Madrid, donde según palabras de Sánchez hay una situación "crítica", acumulando el 35 por ciento de los contagios diarios en España, pese a que sólo el 15% de la población del país vive allí.