Este jueves 10 surgieron nuevos incendios en el campo de refugiados ubicado en la isla griega de Lesbos, que dos días atrás fue arrasado por el fuego. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que espera que la mayor cantidad de países europeos se unan al ofrecimiento.
"Explotó la bomba de tiempo: lo sabíamos y avisamos en muchas ocasiones", dice un comunicado de la ONG Médicos Sin Fronteras que trabaja en el lugar.
"Venimos alertando de esta situación hace años. No es el primer incendio que ocurre. Han habido focos en años anteriores. Muchas veces pasa por las condiciones de hacinamiento de esta población", dijo a En Órbita Josefina Martorell, directora de esa organización para América del Sur de habla hispana.
El campamento fue abierto en 2015 como alojamiento temporal para 3.000 personas, pero en la actualidad viven unas 12.000, provenientes de países como Siria o Afganistán. Por el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de 2016, deben esperar allí el procesamiento de sus solicitudes de refugio en Europa y no pueden volver a sus países.
Como parte del día a día en Moria, había un solo grifo de agua cada 1.300 personas y un baño era usado por hasta 300 personas por hora.
Martorell se refirió a una creciente situación de tensión en el lugar y resaltó que desde la ONG se hicieron reclamos para realojar a estas personas, pidiendo a países europeos hacerse cargo de la situación.
"Las vidas de los colombianos importan"
Las manifestaciones en Bogotá se originaron como respuesta al asesinato del abogado y taxista Javier Ordónez por parte de policías. El hecho fue registrado en video, donde se ve a Ordóñez reducido en el suelo, recibiendo descargas eléctricas por parte de dos efectivos, mientras gritaba por su vida.
"Este asesinato [de Ordóñez] no es un hecho aislado, forma parte de un comportamiento del control de la policía, de un entrenamiento para someter al ciudadano y tratarlo como si fuera un antisocial, un terrorista", dijo a En Órbita el colombiano Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).
"Esta situación de desproporción en el uso de la violencia ya ha significado, solo por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), 35 asesinatos de jóvenes indígenas, pero también de estudiantes y de gente que protesta", denunció el entrevistado.
En tanto, los usuarios colombianos realizaron denuncias, en redes sociales como Twitter, con publicaciones acompañadas de la etiqueta #ColombiaLivesMatter (Las vidas de los colombianos importan) para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la violencia policial en el país.
"En Bogotá se ha presentado un levantamiento y también en otras ciudades. Es una reacción contra la brutalidad policial, pero también una protesta contra muchos acontecimientos y descontrol del Gobierno, ante una situación de masacres que tiene conmocionada a la población y decretos autoritarios para abordar la pandemia", aseguró el director del INDEPAZ.
Investigación en Paraguay
Autoridades informaron que el exvicepresidente Óscar Denis (2012-2013) habría sido secuestrado.
En el vehículo se encontró un panfleto cuyo contenido será analizado por personal de Criminalística, indicó el Ministro del Interior Euclides Acevedo, aunque se adelantó que podría pertenecer al EPP.
"Desde hace más de una década operan grupos armados ilegales al margen del Estado. Desde 2013 los combate la FTC junto con la Policía. Los resultados muestran una ineficacia grave en prevenir estos hechos de secuestro y violencia", dijo a En Órbita Oscar Ayala, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay.
La desaparición de Denis interrumpió la sesión en el Congreso, en la que el Ejecutivo informaba sobre un operativo del 2 de septiembre en esa misma zona, donde murieron dos niñas argentinas, cuyos decesos no fueron investigados bajo los protocolos establecidos y a las que se enterró sin identificar.
Ayala se refirió al pedido que realizó la coordinadora al Senado, al que le solicitaron la creación de una comisión investigadora sobre estos hechos.
Lamentó el "vacío que se observaba en un comienzo de la investigación, no activada por el Ministerio Público. Recién ocho días después fue designada una agente fiscal". Y explicó que la denuncia presentada no solo abarca lo ocurrido el 2 de septiembre, sino también la actuación posterior de los agentes.