Las medidas fueron solicitadas por Òmnium Cultural, una asociación que tiene más de 165.000 socios y 58 años de historia, presentó el 4 de agosto en el alto tribunal una petición urgente para activar la "búsqueda internacional" del rey Juan Carlos y para que fuera citado a declarar de manera inmediata como investigado.
Según el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, la justicia española "está de brazos cruzados y permite impunemente que el Borbón se fugue sin rendir cuentas".
"Nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado", se indica en la providencia del Supremo, cuya Fiscalía ha asumido la investigación del presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca al comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos sería Juan Carlos de Borbón.