Así lo plasmó en un auto el magistrado tras concluir la instrucción del denominado 'caso Pujol' que investiga desde 2014 al expresidente catalán, su mujer, Marta Ferrussola, y los siete hijos del matrimonio, todos acusados de un delito de organización criminal.
"Existen indicios en este caso de que la familia Pujol Ferrussola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios, para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas" concluye el juez en el auto de transformación de la causa.
El magistrado considera que los hechos investigados podrían constituir delitos de organización criminal o asociación ilícita, además de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
En el auto de más de 500 páginas, de la Mata expone las actividades que acreditan que los Pujol acumularon una gran fortuna fruto de actividades corruptas, algunas de las cuales coincidieron con el periodo en que el patriarca fue presidente de Cataluña, entre 1980 y 2003.
En ocasiones, el origen de los fondos estaba en los pagos ilícitos realizados por terceras personas y vinculados a varias empresas, que "realizaban pagos millonarios a la familia disimulados bajo distintas estructuras societarias".
Estas eran "más o menos sofisticadas", pero a menudo se canalizaban a través de paraísos fiscales o fórmulas contractuales y se realizaban a cambio de "concretas influencias" por parte de la familia, como adjudicaciones de concursos públicos o favores políticos.
El juez descarta en su escrito el principal argumento de la defensa de los Pujol, que arguyen que los fondos provenían de una herencia oculta del padre del expresidente, Florenci Pujol.
"Desde luego, existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar", afirma el titular de Instrucción del juzgado número 5 de Madrid.
Un ejemplo de las operaciones que realizaba la familia fue un pago de la constructora Isolux a un sociedad denominada Imisa, de titularidad del hijo mayor del expresidente Pujol, por valor de más de 660.000 euros a cambio de una supuesta intermediación que nunca existió.
De la Mata explica que la familia acumuló un importante patrimonio que fue gestionado en paraísos como Andorra de acuerdo con "un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo".
Las pesquisas sitúan a cargo de la organización al expresidente y su mujer, Marta Ferrussola, que se autodenominaba "madre superiora de la congregación", y por debajo su primogénito Jordi Pujol Ferrussola, que a su vez se hacía llamar "el capellán de la parroquia".
El hijo mayor asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos, que siguieron instrucciones para abrir cuentas bancarias en Andorra y beneficiarse del dinero.
Con esta resolución concluye una larga instrucción que comenzó a raíz de una carta escrita por Pujol a los medios de comunicación en 2014, donde reconocía el ocultamiento durante más de tres décadas de "un dinero ubicado en el extranjero".
Esta confesión, que venían adelantando algunos medios desde 2012, generó un terremoto político en el seno del nacionalismo catalán, que tuvo en Pujol su máximo representante durante el último tercio del siglo XX.