"Se anunció la decisión. Taner Kilic fue sentenciado a seis años y tres meses de prisión por 'ser miembro de la organización'; y Gunal Kusun, Idil Eser y Ozlem Dalkiran fueron condenados a un año y 13 meses de prisión por 'ayudar a la organización'", dice un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la oficina turca de Amnistía Internacional.
Andrew Gardner, representante de la ONG en Turquía, destacó que esta condena ha sido "un golpe abrumador" no solo para los condenados y sus familias, sino también "para todos los que creen en la justicia y en las actividades de derechos humanos tanto en Turquía como en todo el mundo".
Agregó que la decisión del tribunal "desafía la lógica y muestra este juicio de tres años como un intento políticamente motivado de silenciar las voces independientes".
El comunicado precisa que ninguno de los cuatro condenados será encarcelado hasta que se examine la apelación.
Otros siete empleados de la organización investigados en el marco del caso fueron absueltos.
En julio de 2017, once defensores de derechos humanos, incluida la directora de Amnistía Internacional en Turquía, Idil Eser, y siete colegas suyos, fueron detenidos durante una conferencia en un hotel en la isla turca de Buyukada.
En octubre del mismo año, un tribunal de Estambul decidió liberar a ocho activistas de la ONG bajo palabra hasta el final del juicio.
Kilic fue liberado en agosto de 2018 aunque todavía enfrentaba cargos.
Las autoridades turcas responsabilizan a la organización del predicador islámico y opositor Gulen, la que llaman Organización Terrorista Fethullah Gulen (FETO), por la intentona golpista de 2016.
La noche del 15 al 16 de julio de aquel año, algunas unidades del ejército turco intentaron derrocar al presidente, pero los ataques fueron sofocados y el golpe de Estado frustrado.
Los enfrentamientos se saldaron con más de 240 muertos y casi 2.200 heridos.
Tras la intentona, las autoridades del país iniciaron una purga masiva, fueron detenidos o suspendidos decenas de miles de militares, agentes, jueces, funcionarios públicos y docentes por su presunta implicación en la intentona o vínculos con FETO.