De no haber sido por la extrema gravedad de la pandemia de coronavirus, la noticia sobre los problemas fiscales del rey emérito de España habrían ocupado todos los titulares de la actualidad informativa desde principios de marzo, cuando el diario ginebrino Tribune de Genève informó en portada de que la Fiscalía suiza estaba investigando una donación millonaria del rey de Arabia Saudí al monarca español.
Una trayectoria permitida por ley
El impacto mediático del anuncio de esta renuncia quedó en principio mitigado porque en la víspera se había declarado el estado de alarma en toda España con motivo del rápido aumento de los contagios por COVID-19, quedando toda su población en teoría confinada en medio de una conmoción generalizada.
"Desde los años noventa se sabía que Juan Carlos I era presuntamente un corrupto de vida disoluta y que gustaba de intervenir en la vida política con demasiada frecuencia. Pero no había pruebas. Y cuando aparecían, llegaba la omertà", explica a Sputnik el politólogo Manuel Monereo, aludiendo con este vocablo italiano a una especie de ley del silencio que de facto imperó durante muchos años en España en lo que tocaba a la institución monárquica. "La omertà fue consciente y sistemática entre medios de comunicación y poderes económicos en alianza con los dos grandes partidos que gobernaban España, PSOE y PP, para ocultar los negocios, actividades políticas y excesos permanentes de Juan Carlos I", afirma Monereo, recordando que es la Constitución española mediante el artículo 56.3 la que ha posibilitado esta situación, "porque consagra la irresponsabilidad de cualquier tipo de actividad del rey ante la ley".
Pero con su abdicación, Juan Carlos I dejó de estar amparado por el artículo 56.3. La actual investigación de la Fiscalía Anticorrupción intentará esclarecer si alguno de los posibles delitos los cometió con posterioridad a junio de 2014, cuando cedió el trono a su hijo Felipe VI y perdió la inmunidad jurídica de la que gozaba como jefe del Estado hasta entonces. Es decir, la comisión se abonó en 2008, pero los fiscales habrán de precisar si el rey emérito incurrió en blanqueo de capitales al mover el dinero hacia Panamá, así como si cometió otro delito fiscal al no informar al fisco español de sus rentas en el extranjero.
La influencia del caso en la arquitectura del Estado
La investigación en curso sobre las presuntas corruptelas de Juan Carlos I da pie a todo tipo de elucubraciones acerca de las consecuencias que podría tener en la configuración del Estado y el propio futuro de la corona española.
Pero tampoco está claro que se vaya a aprovechar la coyuntura para tratar de discutir la forma de organización política de España. Y eso que Unidas Podemos (UP) está en el Gobierno. La crisis sanitaria y económica es tan grave, que apenas deja espacio para otras iniciativas. "Y hay un segundo aspecto: Felipe VI está haciendo todo lo posible por desconectar a su padre, por desligarse de sus actividades", continúa Monereo. "El problema es que Juan Carlos I se ha dedicado a estas cosas desde que reina, porque ya le pidió dinero a los jeques árabes para financiar a la UCD durante la Transición, para las elecciones de 1977".
"El rey se ha hecho rico lucrándose con el ejercicio de su poder", afirma Manuel Monereo, quien cree poco probable que Felipe VI desconociera sus actividades. "Aunque también puede argumentarse que esta misma circunstancia fue lo que provocó que le pidiera abandonar la jefatura del Estado".
"Ya en los años noventa hubo un intento por parte de algunos poderes de echar a Juan Carlos I del trono por sus actividades irregulares, así que su familia debía saber exactamente a lo que se dedicaba. El problema es determinar cuántos de sus miembros se han lucrado por tales actividades, aparte de su yerno Iñaki Urdangarín, quien parece que no pudo ejecutar sus delitos sin la connivencia de Juan Carlos", zanja.
Los apoyos al orden monárquico
Los escándalos de corrupción de la Casa Real no sólo ponen en aprietos al actual rey y a un prestigio aun por labrar. "El problema que se evidencia y que la figura del rey pone de manifiesto es que la corrupción política en España es sistémica", declara Monereo.
"Es decir, que la máxima magistratura del Estado cometiera actos de corrupción de altísimo voltaje, conecta con otras partes del sistema que a través de las cloacas del Estado organizaban todo tipo de conspiraciones. La España que se desploma con la crisis de 2008 y que denuncia el 15M es una España corrupta que se rige por un capitalismo muy depredador", afirma.
"La derecha defiende una concepción patrimonialista del Estado, del capitalismo y de las instituciones", prosigue en su explicación, "de ahí que consideren que este es su país, su Policía, su Guardia Civil y su Ejército. Es decir, las instituciones del Estado regidas por el rey son su Estado ideal. Por eso han hecho de la vía monárquica la esencia misma de su concepción de España. Para ellos el principio monárquico se opone a cualquier otra concepción del país que no sea partir del rey", explica.
Sin embargo, no está claro que a la propia institución monárquica le convenga el apoyo explícito de estas fuerzas. De hecho, en España siempre se consideró que el mejor apoyo del rey partía del PSOE. En la actual situación, ¿conviene a la institución el apoyo de fuerzas con concepción patrimonialista del Estado? "Mi opinión es que no", dice Monereo, también exdiputado en el Parlamento español por UP. "Juan Carlos no era tonto y siempre supo que tenía que tener un apoyo en la izquierda, que de hecho tiene. El sistema funcionará bien siempre que los apoyos no partan sólo de la derecha. La prueba es que Alfredo Pérez Rubalcaba [exsecretario general del PSOE] fue una de las figuras clave en la abdicación de Juan Carlos I en favor de Felipe VI, asegurando la vigencia de la corona", remata.
El posible exilio al Caribe
En las últimas semanas se cita a la República Dominicana como uno de los posibles destinos que elegiría Juan Carlos I para exiliarse. La anécdota resultaría descabellada de no ser por la absoluta necesidad de Felipe VI de establecer una especie de cortafuegos con la figura paterna.
Y hay un factor más. La República Dominicana, donde amigos personales del rey como el magnate mexicano Carlos Slim o el expresidente español Felipe González poseen propiedades, tiene suscrito con España un acuerdo de extradición cuya laxitud podría convenir perfectamente para los intereses del rey caído en desgracia. "Sería la peor noticia para la monarquía española, desde luego", admite Monereo, quien no cree que "el hombre de la Transición" vaya a acabar su vida emigrando al Caribe. "Sería algo tremendo", concluye. En todo caso, el eventual traslado de residencia de Juan Carlos de Borbón casaría con el destino que siguieron su padre y su abuelo, dado que Don Juan de Borbón vivió muchos años exiliado en Estoril (Portugal) y Alfonso XIII en ciudades como París y Roma, donde murió.
¿Conocía Felipe VI la existencia del dinero?
Recordamos que la Fiscalía suiza sospecha que Juan Carlos I habría percibido una comisión de los saudíes tras haber convencido a los constructores españoles para que bajaran el precio del contrato del tren de alta velocidad en el país árabe y abaratar los costes del proyecto.
El 8 de junio la Fiscalía Anticorrupción, que depende del Tribunal Supremo, inició diligencias por blanqueo de capitales y delito fiscal contra Juan Carlos de Borbón. De su investigación se encargarán un equipo de fiscales encabezados por Juan Ignacio Campos, especialista en delitos económicos y a punto de jubilarse tras 42 años dedicados a la carrera fiscal.