Para empezar vamos a contrastar dos noticias. Esta semana el ministro de Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, hizo una fuerte crítica de las sanciones de Estados Unidos a países como Siria, Corea del Norte, Irán y Venezuela, que impiden que puedan hacer frente a la pandemia de coronavirus.
Paralelamente, la delegación de la Unión Europea y las embajadas de los Estados miembros en Nicaragua, anunciaron que entregarán 35 millones de euros, para apoyar a las poblaciones más vulnerables frente a la pandemia en el país.
La verdad es que parece puro canibalismo imponer sanciones que impidan luchar contra la pandemia. Más aún, porque se sobreentiende que los que sufrirán de esas sanciones no serán las personas contra las que se imponen teóricamente, sino las personas que no tienen nada que ver, es decir ciudadanos normales y corrientes.
La portavoz del ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, recordó que Estados Unidos ha impuesto sanciones contra 140 empresas y contra 118 personas jurídicas venezolanas, al tiempo que impide el acceso de ayuda al país. A través de diferentes mecanismos Washington mantiene bloqueados alrededor de 116 millones de dólares en ayudas a Venezuela.
La lógica de esas sanciones es totalmente inhumana, porque supone que cuántas más víctimas del coronavirus haya en los países afectados, peor para sus Gobiernos y mejor para sus adversarios en Washington. Como ha afirmado la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "pronto sucederán cosas en Venezuela. Maduro debe dejar el poder".
Como es habitual, Estados Unidos aspira a una revuelta popular para conseguir un cambio del régimen, sin ver mucha diferencia entre Siria, Corea del Norte, Irán o Venezuela. No extraña que en una reciente entrevista a Telesur, el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada denunciara que las medidas coercitivas y unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos constituyen un crimen de lesa humanidad contra el pueblo de su país.
Pero no todo parece claro. La actitud de la Unión Europea hasta el momento ha sido un buen ejemplo de lo que es la política de doble rasero o doble moral. A la hora de ofrecer ayuda a ciertos países Bruselas no oculta que se guía con razones políticas, así como con la posición de su aliado estratégico al otro lado del Atlántico.
Aunque realmente hay voces en Europa a favor de ayudar en esa situación, agravada por la pandemia, la realidad es que del dicho al hecho hay mucho trecho, según una crónica de Telesur.
A juzgar por los hechos reales, en algunas ocasiones Bruselas sí tiene prisa para enviar ayuda y en otros no. Al parecer, no la tiene en el caso de Irán, Siria o Venezuela. Pero sí la tiene en el caso de Nicaragua.
La delegación de la Unión Europea y las embajadas de los Estados miembros en Nicaragua, anunciaron la semana pasada que entregarán 35 millones de euros, para apoyar a las poblaciones más vulnerables frente a la pandemia en el país.
Mientras Nicaragua tiene la suerte de ser un país correcto para recibir ayuda con motivo de la pandemia en opinión de Bruselas, Venezuela, un país vecino, evidentemente no la tiene. Cabe destacar que Washington aprovecha la pandemia del coronavirus no solo para aumentar presión a Venezuela con medidas económicas, sino también para incrementar su presencia naval en ciertas regiones, como, por ejemplo el Caribe o el Golfo Pérsico.
EU también recientemente reforzó su presencia naval en el Caribe en lo que, aseguró, forma parte de la ampliación de sus operaciones antidrogas. Aunque Jonathan Hoffman, un portavoz del Pentágono, dijo recientemente a los periodistas que no tenía nada que ver con los cargamentos de petróleo iraníes destinados a Venezuela.
No obstante, las autoridades estadounidenses sí que bloquearon las entregas programadas de gasolina iraní a Venezuela. Washington amenazó con aplicar sanciones a las compañías griegas propietarias de los barcos que además de la gasolina transportan otros productos petroleros de Irán.
Los barcos desviados eran la entrega final en un envío de cinco petroleros, de los cuales han atracado dos en puertos nacionales con productos petrolíferos de Irán destinados a las refinerías más importantes de Venezuela.
Cabe recordar que Irán y Venezuela mantienen una relación muy estrecha desde la época del presidente Hugo Chávez fallecido en 2013, fundamentada en la oposición a Estados Unidos, que mantiene a ambos países bajo sanciones.
La realidad es que Estados Unidos no está solo en su rechazo de imponer una moratoria temporal al incremento de sanciones en tiempos de la pandemia del coronavirus. Alemania dijo esta semana que reclamará en Bruselas la activación del sistema de sanciones previsto por la Unión Europea en casos de ciberataque para castigar a Rusia por su presunto ataque informático contra el Parlamento alemán y la canciller Angela Merkel en 2015.
Alemania que convocó al embajador ruso en Berlín, Sergei Nechaiev, sostiene que entre los "atacantes rusos" está un tal Dimitri Badin, sobre el que la Fiscalía ya emitió una orden de arresto. La versión de las autoridades alemanes es que el señor Badin, junto a "personas desconocidas", lanzaron un ataque en nombre "del servicio secreto de una potencia extranjera". Berlín alega que el acusado formaría parte del grupo de 'hackers' APT28 y añade que "hay fuertes indicios" de que trabajaba para el servicio secreto militar ruso (GRU).
"Alemania se queja ante embajador ruso por ciberataque al Bundestag", titula a una de sus crónicas la edición en español de Deutsche Welle.
Hay que precisar que el embajador ruso no solo "condenó a los piratas", sino también aclaró que esos piratas no tenían nada que ver con las autoridades rusas y desmintió las acusaciones contra Rusia como una "historia trillada". No es de extrañar, si nos fijamos en las tradicionales "pruebas de la culpabilidad" citadas por nuestros colegas alemanes. Existen "claros indicios", "es altamente probable"... Semejantes fórmulas poco precisas abundan en las noticias dedicadas a la presunta intromisión rusa. No obstante, las sanciones que se proponen contra los "presuntos culpables del delito" o mejor dicho "del presunto delito" no son virtuales, sino afectan a personas y sectores que en muchas ocasiones tienen poco que ver con el "caso".
Y la verdad es que semejantes medidas parecen aun más falsas y menos acertadas en tiempos de la pandemia del coronavirus.