"Concluimos, por las razones indicadas, que la Cláusula de Nombramientos de la Constitución se aplica al nombramiento de funcionarios de los Estados Unidos con poderes y deberes en y en relación con Puerto Rico, pero que el proceso ordenado por el Congreso para seleccionar a los miembros de la Supervisión Financiera y la Junta Administrativa de Puerto Rico no viola esa Cláusula", escribió el juez Stephen Breyer en el fallo.
Un tribunal inferior dictaminó en 2019 que los miembros de la Junta de Supervisión habían sido nombrados en violación de la Constitución de los EEUU porque el Senado no los había confirmado.
"Las responsabilidades legales de la Junta consisten principalmente en deberes locales, a saber, representar a Puerto Rico en procedimientos de quiebra y supervisar aspectos de las políticas fiscales y presupuestarias de Puerto Rico. Por lo tanto, consideramos que los miembros de la Junta no son 'Oficiales de los Estados Unidos', por esa razón, la Cláusula de Nombramientos no dicta cómo deben seleccionarse los miembros de la Junta ", escribió Breyer.
La conclusión de la Corte Suprema de Estados Unidos significa que la Junta de Supervisión ahora es libre de continuar su trabajo de reestructuración de la deuda de Puerto Rico.
El Gobierno local del protectorado había acumulado más de 100.000 millones de dólares en obligaciones de deuda y pensiones que ya no podía pagar.