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Argentina: sigue la pulseada por la deuda pese al "default técnico"

Argentina pospuso el pago de 503 millones de dólares en bonos de su deuda que vencían este viernes 22 de mayo. Pese a que el país entró en situación de cese de pagos, el Gobierno y los acreedores siguen el diálogo. 'En Órbita' consultó al economista Francisco Cantamutto, de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina.
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El ministro de Economía, Martín Guzmán, informó de una prórroga hasta el 2 de junio para continuar con la negociación de canje de títulos de deuda por 66.300 millones de dólares. El funcionario confirmó que habrá cambios a la oferta actual presentada por el Gobierno y que las discusiones avanzan por un sendero positivo.

"Esta es una etapa más de la negociación. El propio ministro le quitó importancia. En los hechos, tres grupos de acreedores acercaron ofertas, y de hecho Argentina mejoró el diálogo con Blackrock, uno de los mayores acreedores y un auténtico titán de las finanzas por su peso en las bolsas de valores y por su capacidad de controlar distintas empresas productivas", dijo a En Órbita el economista Francisco Cantamutto, de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina.

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El 22 de abril Argentina no liquidó 500 millones de dólares que vencían esa fecha, pero se activaron 30 días del periodo de gracia que vencieron este viernes. Las negociaciones continuarán por unos 10 días.

"El acercamiento entre el Gobierno con los acreedores es por etapas y los plazos de las negociaciones implican mucho más que lo propuesto inicialmente", consideró el entrevistado.

Al no pagar, los mercados consideran que Argentina se encuentra en un "default técnico" o "default blando".

"Argentina no puede salir a buscar financiamiento en el mercado externo pero tampoco lo podría hacer si ahora hubiese resuelto con los acreedores. En el programa de Gobierno volver a los mercados de crédito, en caso de éxito, recién sería en 2027, por lo que no cambia la situación desde el punto de vista económico", afirmó Cantamutto.

Polémica en Uruguay por vuelta a clases

El Gobierno anunció el reinicio de las clases presenciales en junio mientras los gremios de la educación presentaron críticas. Especialistas de la enseñanza en la primera infancia exhortan al Ejecutivo y a la sociedad a considerar a niños y bebés como un grupo poblacional en riesgo ante el COVID-19. Sostienen que frente a la emergencia sanitaria, las consecuencias de la pandemia sobre la población infantil parecen estar invisibilizadas.

En Órbita conversó con Joanna Pennino, integrante de los Centros de Educación y Cuidados en Primera Infancia.

"La vuelta a clases, especialmente en relación con la primera infancia, que nos compete como organización, la vemos desfavorable, mucho más en este momento del año en que comienzan a aparecer los cuadros respiratorios en niños de esta edad", manifestó.

"Reconocemos la necesidad de equilibrar las necesidades económicas y productivas que atraviesan a las familias en el contexto de pandemia, pero priorizarlas sobre las de la población infantil vulnera los propios derechos de la infancia", afirmó la entrevistada.

El presidente Luis Lacalle Pou confirmó que el retorno a los centros educativos será voluntario y contará de tres etapas con la aplicación de medidas sanitarias.

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La primera comenzará el 1 de junio con el reinicio de la educación presencial para educación media y centros de vulnerabilidad educativa, último año de Secundaria y de la Universidad de Trabajo del Uruguay (UTU), salvo en la capital Montevideo. La segunda etapa comenzará el 15 de junio con la reapertura de los centros de primera infancia, públicos y privados y último año de secundaria y UTU para Montevideo y área Metropolitana.

La tercera etapa comenzará el 29 de junio con la habilitación de todos los demás centros de educación primaria, secundaria y técnica, tanto pública como privada.

En su diálogo con En Órbita, Pennino aseguró que desde los Centros de Educación y Cuidados en Primera Infancia "es imprescindible minimizar los daños" que esta situación excepcional produce. También se refirió al cuidado de la población infantil en situación de discapacidad, que requiere de protección integral con énfasis en los aspectos físicos y emocionales.

Nuevo portazo de Trump

EEUU notificó a Rusia su salida del Tratado de Cielos Abiertos tras acusarla de incumplirlo.

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, dijo que su país está dispuesto a continuar el diálogo con Washington, y agregó que "el tratado no está muerto" y que Moscú promete esforzarse para preservarlo. No obstante, consideró que si los países de la OTAN "siguen el ejemplo de EEUU, no habrá posibilidades de mantenerlo en vigor".

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Francia, Alemania, España y otros países europeos lamentaron la decisión de la Casa Blanca.

Este jueves 21 el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su país se retirará del tratado y no volverá a acatarlo hasta que Moscú "cumpla con sus obligaciones". El Kremlin rechazó de plano las acusaciones.

El Tratado de Cielos Abiertos permite a observadores militares realizar vuelos desarmados de vigilancia aérea para obtener imágenes de movimientos de tropas y buques. El acuerdo abarca un territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok, en el Lejano Oriente ruso.

El documento, en vigor desde 2002, cuenta con 34 signatarios, incluida Rusia que lo ratificó en 2001.

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