En España, las residencias de mayores, en su mayoría en manos privadas, se han convertido en uno de los principales focos de contagio y mortalidad.
Se desconoce cuántos de todos estos fallecidos han sido incluidos en la cuantificación oficial porque, hasta el momento, se han contabilizado solo las víctimas mortales que fallecen en los hospitales.
Según ha informado la Fiscalía General del Estado, se han abierto 38 diligencias penales en todo el territorio nacional. 19 de ellas en la Comunidad de Madrid, 7 en Cataluña, 5 en Castilla-La Mancha, 2 en Castilla y León, 2 en Murcia y el resto en Canarias, Cantabria y la Comunidad Valenciana.
Además de las investigaciones por presuntos delitos penales, el Ministerio Público informa de que las fiscalías superiores tienen 124 informes de seguimiento en residencias de ancianos en el ámbito Civil, es decir, de protección o preventivas.