"En nuestro país nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria, no se puede utilizar el COVID-19 para despedir. En este sentido abordamos legislativamente la imposibilidad de propiciar despidos por causas de fuerza mayor", anunció en rueda de prensa la Ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz.
Así lo acordó el último Consejo de Ministros, que abordó las medidas de endurecimiento de los despidos que se exigían desde los principales sindicatos españoles, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).
El Gobierno insistió en que las compañías afectadas por esta situación de crisis pueden acogerse a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que regulan la actividad y el sueldo de los trabajadores de forma temporal pero permiten conservar el empleo.
En este sentido, la ministra de Trabajo anunció que el Ejecutivo simplificará los trámites para agilizar la aprobación de estos expedientes.
Esto se hará mediante "un formulario muy sencillo" que permitirá a las empresas tramitar con rapidez los ERTE y a los trabajadores cobrar lo antes posible las prestaciones por desempleo que les correspondan.
El Consejo de Ministros acordó también establecer mecanismos de vigilancia de los ERTE, que afectan ya a más de 1 millón de trabajadores en España, para garantizar que las compañías no aprovechen las nuevas facilidades para cometer fraude.
Otra de las nuevas medidas para proteger el empleo anunciadas por el Gobierno afectará a los trabajadores temporales cuyos contratos terminen durante la crisis.
Estos contratos quedarán interrumpidos pero no finalizados, y una vez terminado el estado de alarma las empresas deberán renaudar la actividad de los trabajadores afectados.
Estas medidas llegan tras días de reclamaciones por parte de los sindicatos, que exigían al Gobierno acciones más ambiciosas para impedir el creciente número de despidos mientras dure la crisis del COVID-19.