"Hasta el día de hoy se han practicado 926 detenciones y 102 denuncias", afirmó en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Tras declarar el estado de alarma en todo el país, el Gobierno dictó una serie de medidas que limitan la libertad de movimiento de los ciudadanos para intentar contener la expansión del virus.
Todos los ciudadanos del país están en una situación de confinamiento domiciliario que sólo puede ser rota para salir a comprar alimentos, productos farmacéuticos y otros artículos de primera necesidad
La población puede moverse para acudir a sus lugares de trabajo, ya que la actividad laboral y productiva se encuentra muy limitada, pero no completamente cerrada.
El decreto de alarma aprobado por el Gobierno, además de limitar los supuestos en los que se puede salir a la calle, confiere a los agentes del orden de la capacidad para detener cualquier actividad que –esté o no explícitamente prohibida– pueda suponer un riesgo de contagio.
En su comparecencia ante la prensa, Marlaska afirmó que "la mayor parte de la sociedad está comprometida" con el cumplimiento de estas medidas.
Sin embargo, también lamentó la existencia de comportamientos "insolidarios" y de hecho señaló que ya se produjeron los primeros casos de condenas por vía penal, con penas de prisión para infractores.
"En el de hoy han tenido lugar 130 nuevas detenciones y más 20.000 nuevas denuncias ante ciudadanos que todavía no se han metido en la cabeza que aquí todos somos corresponsables de la salud pública y de la lucha contra el virus", señaló el ministro.
Además de las vulneraciones al confinamiento, Marlaska informó de otros comportamientos "insolidarios" como el mostrado que tres pacientes (dos en Madrid y otro en la Comunidad Valenciana) que intentaron abandonar el hospital estando enfermos de coronavirus, obligando a los cuerpos de seguridad a intervenir para reingresarlos.
Para hacer frente a la situación, el Gobierno decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo, una declaración que tiene una duración de 15 días.
Ante la previsión de que la crisis continuará activa una vez expire este plazo, el Gobierno solicitó permiso para ampliar el estado de alarma al Congreso de los Diputados, que este miércoles celebrará una sesión plenaria para responder a la solicitud.