El nuevo sistema de puntos, que afectará por primera vez a los nacionales de la Unión Europea no residentes en el país, entrará en vigor el 1 de enero de 2021.
"Sustituiremos el libre movimiento [dentro de la UE] por un sistema de puntos para atender a los trabajadores con las más altas cualificaciones y al personal cualificado", señala la propuesta del ministerio del Interior.
El nuevo umbral salarial es superior al sueldo medio de 24.200 libras que puede aspirar a cobrar un universitario británico en 2020, según estimaciones del portal Graduate.com
Hostelería, construcción y asistencia social se identifican entre los sectores más afectados por las restricciones a la contratación de personal extranjero.
El Gobierno se compromete en el documento a "reducir los niveles de migración" y "retomar el control" de las fronteras británicas.
Para ello, advierte al empresariado que "necesitará ajustar" su negocio y reemplazar "mano de obra barata europea" con "inversión en tecnología y automación".
Para la oposición política y distintas asociaciones sectoriales, el programa del Gobierno de Boris Johnson es impracticable y una amenaza para la economía nacional y regional.
"Terriblemente preocupante (…) esta política no comprende cómo funciona nuestra economía y lo crucial que es la inmigración", protestó en Twitter James Withers, gerente de Scotland Food & Drink, ente escocés del sector de alimentación y bebidas.
Dianne Abbot, 'ministra en la sombra' de Inmigración, garantizó oposición en el Parlamento al "sin sentido" sistema de puntos con el que los conservadores quieren captar a los mayores talentos del mundo.
"Será muy difícil atraer a los trabajadores que necesitamos en todos los niveles mientras perdure el ambiente hostil de los tories", criticó la veterana laborista.
"Es difícil no interpretar estas propuestas como un elitista y xenófobo ataque contra los trabajadores extranjeros de salarios bajos, cuando no podemos vivir sin la mayoría de ellos", declaró Chris Hazzard, diputado y portavoz del Sinn Fein sobre Brexit.
El Gobierno pretende tener el nuevo sistema operativo unos meses antes de la conclusión del periodo de transición del Brexit, el 31 de diciembre de 2020.
El Reino Unido salió oficialmente de la UE el 31 de enero, perdiendo voz y voto en las instituciones y agencias comunitarias.
Estará sujeto a las directrices, normativas y compromisos financieros de la UE hasta el final de la transición, según el acuerdo pactado en octubre de 2019.