Se trata de profesionales de El Mundo, El País, El Español, El Confidencial, La Vanguardia, ABC, la Ser y RTVE, la cadena pública española, según informó uno de los medios afectados, el diario El País.
La información de los autos dictados por el juez Manuel García Castellón así como los informes de la investigación de la Guardia Civil, todo ello recogido en el sumario, fue publicada por estos medios en exclusiva y reproducida por muchos otros.
Se trataba de "información veraz y de indudable interés público", argumenta la Ser, otro de los medios señalados.
No obstante, las defensas de los acusados pidieron que se investigue de donde procedieron las filtraciones —la Fiscalía o la Guardia Civil— y criticaron que los periodistas contaran con esta información mientras ellos conocían tan solo la imputación provisional de sus clientes.
Como la Audiencia no tiene competencia para investigar este delito, la causa está derivada al juzgado número 41 de Madrid, que la admitió a trámite.
El Colegio de Periodistas de Cataluña calificó esta investigación a profesionales de medios de comunicación de "ataque a la libertad de prensa" por "publicar información valiosa y veraz", argumentando que el delito de revelación de secretos es aplicable "a funcionarios, no a periodistas".