"Yo no voy a defenderme de nada, cumplí mi deber como presidente de los catalanes, que es defender los derechos y libertades de mis compatriotas", aseguró el presidente de la Generalitat en declaraciones a la prensa pocas horas antes de su cita con el tribunal a las 9:00 (hora local) de este 18 de noviembre.
Torra alegó ante el juez del TSJC que desobedeció las órdenes de la Junta Electoral española de retirar las insignias de apoyo a los políticos encarcelados, porque estas eran "ilegales".
En una primera fase del juicio que correspondió al interrogatorio del acusado, Torra se negó a contestar a las preguntas de la acusación particular, formulada por la formación de ultraderecha Vox, y del Ministerio fiscal que vieron una "voluntad manifiesta y pública de incumplir la resolución" por parte del presidente catalán, que admitió en varias ocasiones haber desobedecido las órdenes del organismo.
Solo respondió a las cuestiones de su defensa, encabezada por el abogado Gonzalo Boye, que se centraron en demostrar que Torra se negó a retirar las pancartas y lazos amarillos en recuerdo a los 'presos políticos' catalanes durante el periodo electoral porque la Junta Electoral no tenía competencia para efectuar ese tipo de órdenes.
El presidente también explicó que impugnó todos los escritos recibidos por parte de la Junta, que se encuentran todavía en varios procesos judiciales sin resolver.
Asimismo, interpuso una querella contra los miembros de este órgano al considerar que sus órdenes constituyeron prevaricación, en una acusación que fue admitida por la Audiencia Provincial de Madrid.
"Pienso que la Junta quiso hacer al presidente obedecer un acto nulo o ilegal o hacerlo prevaricar", aseguró Torra en su discurso ante el juez, en el que también acusó a los miembros del órgano electoral de "coacciones" contra su persona.
También en respuesta a su defensa, justificó el uso de pancartas de apoyo a los 'presos políticos' y denegó que se tratara de un "signo partidista", sino de "libertad de expresión".
"Pensamos que lo que quería la Junta era sentar al presidente de la Generalitat en el banquillo de los acusados", declaró el presidente catalán.
Tras el juicio, Torra acusó de "imparcialidad" a la sala del TSJC que lo juzgó.
"Que este juicio no ha contado con las garantías necesarias me parece obvio. También me parece obvio que este no es un tribunal imparcial", aseguró el líder catalán durante su turno de última palabra al finalizar el juicio, que quedó visto para sentencia.
En un último parlamento permitido tras concluir la sesión, el presidente del Gobierno catalán destacó que es la primera vez en la historia de Cataluña que un presidente de la Generalitat en ejercicio "se sienta en el banco de los acusados".
"No podía ni debía acatar a la Junta como Presidente de la Generalitat", reiteró Torra en línea con el principal razonamiento de su defensa, que argumenta que el órgano electoral no tenía competencia sobre el Gobierno catalán durante un periodo de elecciones en España y por lo tanto sus órdenes eran "ilegales".
"Me podéis condenar pero no cambiaréis en absoluto mi compromiso con Cataluña, ni la voluntad del pueblo, ni el destino de este país", sostuvo el presidente al final de la sesión.
El juicio, que comenzó a las 9:00 (hora local) y se alargó hasta las 18:00, prescindió de todos los testigos con cargos políticos, entre ellos la delegada del Gobierno español en Cataluña, Teresa Cunillera, y el consejero de Interior, Miquel Buch, aunque sí comparecieron agentes de la Policía Nacional y un dirigente de la Policía catalana.
En su turno, la defensa del presidente solicitó que se elevara el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una petición que fue rechazada por el tribunal, que dio por terminada la sesión.
Si el TSJC declara culpable al presidente catalán, este tiene la posibilidad de recurrir y elevar el caso al Tribunal Supremo, que a su vez tiene potestad para emitir una sentencia firme, o puede acatar la condena que le imponga el tribunal catalán.
La inhabilitación de Torra dejaría al vicepresidente Pere Aragonès a cargo del ejecutivo catalán y a la espera de un pleno de investidura en un plazo de diez días, que en caso de no prosperar terminaría en una convocatoria de elecciones para el Gobierno catalán.
También le recibieron frente a la sede del organismo varios líderes independentistas y miembros del Gobierno, entre ellos el presidente del Parlament, Roger Torrent, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, la portavoz de Junts per Cataluña en el Congreso, Laura Borràs y el expresidente catalán Artur Mas.
La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, criticó en declaraciones a la prensa frente a la sede del TSJC en Barcelona que se celebrara un "juicio farsa" y aseguró que el ejecutivo catalán confía en que Torra no será inhabilitado.
En concreto, Torra afronta un juicio que le podría costar hasta dos años de inhabilitación y una multa de hasta 30.000 euros si se prueba que desobedeció al no retirar unos lazos amarillos y pancartas en recuerdo de los "presos políticos" catalanes de la fachada de varios edificios públicos.
Tanto el presidente catalán como su defensa aseguraron en declaraciones previas al juicio que su estrategia durante el juicio será la de acusar al Estado español de "vulnerar los derechos" de Torra, quien apelará también a la libertad de expresión.