"Retomaremos el impulso definitivo a la ley de la eutanasia", dijo Pedro Sánchez en un mensaje publicado en Twitter tras reunirse con colectivos sociales del ámbito sanitario.
En los últimos meses, la posibilidad de adoptar una nueva legislación sobre muerte digna se abrió paso en la agenda política de España después de que un hombre de 70 años fuese detenido tras suministrar una sustancia letal a su esposa de 62, que se encontraba en fase terminal tras más de tres décadas padeciendo esclerosis múltiple.
El hombre, de nombre Ángel Hernández, registró en vídeo las últimas horas de vida de su esposa, María José Carrasco, que reafirmó ante las cámaras su voluntad de dejar de vivir.
El caso conmocionó al país y el propio Pedro Sánchez se comprometió públicamente a otorgar un indulto a Ángel Hernández en caso de que sea condenado mientras él siga en el cargo.
El fallecimiento María José Carrasco se produjo en abril de 2019, fecha en la que las Cortes Generales se encontraban disueltas después de que se agotara una legislatura en la que el Congreso fracasó a la hora de sacar adelante una ley de muerte digna aunque, a priori, una mayoría del órgano parlamentario estaba dispuesta a ello.
El programa presentado por el PSOE de cara a esos comicios incluyó una propuesta de despenalización de la eutanasia, aunque la paralización política del país por las dificultades para formar Gobierno impidió hasta el momento la puesta en marcha de esa propuesta.
En la actualidad, tanto el suicidio asistido como la eutanasia están castigados en el Código Penal con penas de dos a cinco años, en el primer caso y, de seis a 10 años, en el segundo.