"El Poder Judicial de la Federación no condicionó la construcción del Aeropuerto únicamente a que se otorgara la autorización de impacto ambiental", subraya un posicionamiento emitido por las organizaciones que son promotoras de la suspensión "No más derroches" tras la autorización federal.
La suspensión judicial es resultado de una cascada de apelaciones judiciales de amparo para frenar esas obras, y permanece "a reserva de revisar con detenimiento el contenido de la autorización de impacto ambiental, para verificar que cumpla con todos los requisitos de ley", dicen las organizaciones.
La suspensión judicial determina que la obra, uno de los principales megaproyectos que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa, debe contar a la vez con "estudios, dictámenes y permisos en materia cultural, arqueológica, de seguridad, de viabilidad aeronáutica, y de estrategia social, política e interinstitucional", dijeron las organizaciones.
Hasta la fecha, están vigentes 11 suspensiones judiciales que condicionan el proyecto al cumplimiento de los requisitos indicados.
El artículo décimo de Ley de Aeropuertos indica que "para que pueda construirse un aeropuerto civil, el encargado del proyecto debe contar con un título de concesión, el cual únicamente se le puede otorgar a una sociedad mercantil".
Las obras reemplazarían al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que fueron suspendidas por iniciativa del propio presidente.
Esa decisión obligó al Estado mexicano a pagar de inmediato con penalizaciones los bonos por 6.000 millones de dólares de la deuda federal, contratada para comenzar la obra, que costaría unos 15.000 millones de dólares de inversión público-privada y tenía una avance de 20 a 30%.