"Apoyamos firmemente todas las medidas necesarias que tomó el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong para garantizar la seguridad de las instituciones del Gobierno Central en Hong Kong y del sistema jurídico de Hong Kong y para llevar ante la justicia a los criminales", afirmó Geng en una rueda de prensa al comentar las recientes protestas.
El 21 de julio, decenas de miles de personas tomaron las calles de Hong Kong en una tercera manifestación por la polémica ley de extradición.
Según los organizadores, la protesta reunió a 430.000 personas, mientras que los datos de la Policía arrojan la cifra de unas 138.000 personas.
Durante la protesta, algunos manifestantes arrojaron pintura al emblema nacional en la puerta de la oficina de enlace del Gobierno chino, pintaron insultos sobre el muro exterior del edificio e intentaron irrumpir en el mismo.
La Policía respondió con gases lacrimógenos y balas de goma.
Por la tarde, en la estación del metro Yuen Long un grupo de hombres vestidos con camisetas blancas y armados con palos atacó a otro grupo de personas, vestidas de negro, al tomarlas por manifestantes.
El enfrentamiento se saldó con 36 hospitalizados.
¿Cuándo empezaron las protestas?
El pasado 9 de junio, más de un millón de personas tomaron las calles de Hong Kong para manifestar su rechazo a un proyecto de ley que permitiría a las autoridades locales entregar prófugos de la justicia a los territorios con los que no hay acuerdos formales de extradición, como Taiwán, Macao y la China continental. Quienes impugnan la normativa temen que daría luz verde para extraditar a Pekín a disidentes políticos.
Al día siguiente, unos dos millones de hongkoneses, según los organizadores —o unos 338.000, según la Policía— volvieron a salir a las calles para reafirmar su rechazo, condenar el uso de la fuerza contra los manifestantes y demandar la dimisión de la jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam.
El 1 de julio, en el 22º aniversario de la devolución de Hong Kong a China, centenares de manifestantes radicales irrumpieron en la sede parlamentaria y vandalizaron las oficinas.
El Gobierno central en Pekín condenó en términos enérgicos el incidente e instó a las agencias pertinentes a investigar la responsabilidad penal de los implicados.
El 9 de julio, Lam aseguró que el proyecto de ley "está muerto" y no hay planes de reanimarlo.