Entre fines de agosto y septiembre de 2018 más de 1.700 chilenos fueron envenenados. Primero cayeron los niños; llegaron en ambulancia con náuseas, vómitos, dolores de cabeza, escozor en los ojos y nariz. Algunos no tenían sensibilidad en sus extremidades. Después cayeron las mujeres y los adultos mayores. Habían inhalado gases tóxicos.
Aunque desde 1988 se han registrado envenenamientos e incidentes ambientales en la Bahía de Quintero en Valparaíso, Chile, fue este último episodio masivo el que movilizó al pueblo entero. Desde hace al menos una década en la comunidad bien se sabe que hay hombres que fueron empleados de las industrias y hoy tienen llagas verdes en la cara, bultos callosos en el cuello, escamas amarillentas verdosas en la espalda, pecho, brazos, piernas; pero nunca antes la peste había llegado de forma masiva a los niños.
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En febrero de 2019 la ciudadanía organizada demandó al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo ocurrido en la Bahía de Quintero en 2018. Pero antes habían presentado 12 recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del cordón industrial y el Estado por la vulneraciones sufridas.
"La sentencia no discute en ningún momento que haya vulneración de los derechos fundamentales —dijo a Sputnik Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental—. De hecho, habla de daño ambiental a lo largo de toda la sentencia, pero lo que cuestiona es que no podemos decidir el vínculo causal entre la contaminación y los recurridos", explicó.
Los colectivos de defensa a los Derechos Humanos llevaron el caso ante la Corte Suprema de Chile. El máximo órgano judicial decidirá si reafirmar o revocar el fallo de la Corte de Apleaciones de Valparaíso.
"La Corte de Apelaciones comente un error jurídico: utiliza argumentos de daño ambiental, de responsabilidad, para negar la protección de garantías fundamentales. El ordenamiento jurídico ambiental no puede ser obstáculo para resguardar los derechos de las personas. Eso es algo que no se debería permitir", indicó Donoso.
En los alegatos presentados, la defensa legal de las personas afectadas hizo hincapié en que el episodio de envenenamiento masivo de 2018 no puede considerarse un hecho aislado, como plantean las industrias.
La ambientalista recordó que aún no tienen "ninguna garantía de que no se sigan vulnerando los derechos de las personas. No puede ser que esa falta de información atente precisamente en contra de la vida y salud de las personas", resumió.