El consenso se había logrado antes en febrero entre los representantes de la Eurocámara y del Consejo de los países de la UE con la participación de la Comisión Europea.
En noviembre de 2017 la Comisión Europea propuso enmiendas a la Directiva del Gas europea destinadas a hacer que determinadas normas de la legislación energética de la UE se apliquen a todos los gasoductos que pasen por el territorio del bloque comunitario, incluidos los magistrales marítimos de terceros países.
Para aprobarse, debían ser acordadas tanto por el Consejo de la UE como por el Parlamento Europeo.
Moscú expresó su preocupación por esas modificaciones, alegando que pueden dificultar la realización y el futuro financiamiento del Nord Stream 2.
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La infraestructura fue concebida para diversificar las rutas del suministro del combustible a Europa y elevar la seguridad energética.
Se oponen al proyecto Ucrania, que teme perder sus ingresos por el tránsito del gas ruso, y otros países europeos como Polonia, Letonia y Lituania.
También expresó su recelo Estados Unidos, que busca vender a Europa su gas natural licuado.