"La compañera Otilia Eugenio Manuel y el compañero Hilario Cornelio Castro, no nos han revelado las condiciones de sus secuestro y liberación, pero las autoridades del Estado y federales deben dar seguimiento a la investigación y aclarar el secuestro, porque hubo irregularidades al no aplicar las medidas cautelares frente a las amenazas de muerte", dijo vía telefónica el vocero del centro, que lleva el nombre en náhuatl de esa montaña del sur del país.
El portavoz de la organización defensora de derechos humanos, que ha sido galardonada por Amnistía Internacional, dijo que se debe investigar ese secuestro, "porque parece que fueron golpeados, esperaremos a que estén recuperados para que ofrezcan su testimonio, y aclaren muchas contradicciones en la versión de las autoridades".
El 16 de febrero, el gobernador de ese estado, Héctor Astudillo publicó en sus redes sociales un mensaje en el que expresaba "nuestro reconocimiento a la Fiscalía General de la República, al Ejército, a la Fiscalía del estado de Guerrero por el operativo de búsqueda intensa que se implementó".
Medias verdades
El portavoz del centro de derechos humanos señala que el gobernador se atribuye el éxito del fin del secuestro, al mencionar el operativo conjunto, "sin hacer referencia a miles de personas que presionaron para su liberación, y que aparentemente fueron liberadas sin presencia de policías".
Según Huerta, las amenazas contra la dirigente, indígena que ha luchado durante décadas por los derechos de las comunidades de la montaña, se reiniciaron después de que comenzó a formar parte del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, del estado de Guerrero (suroeste).
El miércoles pasado, la oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a las autoridades mexicanas para reforzar las labores de búsqueda y esclarecer el paradero los líderes indígenas, a quienes considera como "una voz crítica contra la corrupción en la región".
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La dirigente es beneficiaria de medidas provisionales de seguridad ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Días antes de la desaparición, la defensora recibió amenazas de muerte en su contra", dijo Jan Jarab representante en México de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.
Entre los casos que ha impulsado las víctimas del secuestro está la esterilización de 14 hombres indígenas en 1998 y el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres de la etnia me'phaa víctimas de tortura sexual perpetrada por soldados del Ejército mexicano en 2002.
Tras 16 años de lucha, ese caso desembocó en la primer sentencia en la historia de México que determinó una responsabilidad penal del Ejército sobre la base de una sentencia anterior dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.