El ACNUDH que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) "mantiene una profunda consternación por lo sucedido y lamenta la ausencia de una adecuada investigación, así como de sanción a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del movimiento estudiantil de 1968", dice un pronunciamiento de su oficina en México.
Al mismo tiempo, el documento recuerda que ese movimiento que estalló en vísperas de los Juegos Olímpicos de 1968 en este país fue "el despertar cívico encabezado por la juventud estudiantil, que denunció la arbitrariedad gubernamental", reseña el texto firmado por Jarab.
Ese movimiento juvenil que luchaba por el respeto a la autonomía universitaria también "apeló a la rendición de cuentas y luchó por construir un país democrático basado en un régimen de libertades a través de la acción pacífica y la reivindicación del diálogo", dijo la ACNUDH.
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Jarab considera que la causa de los derechos humanos en México "no se puede explicar sin el amanecer de indignación y creatividad de hace cinco décadas", porque una parte considerable de los ámbitos de libertad que hoy se respiran en el país son un legado del movimiento estudiantil de 1968.
Finalmente, le organismo alienta a la sociedad mexicana a mantener viva la memoria acerca de lo sucedido hace medio siglo.
Con motivo de los 50 años del movimiento, han sido desplegadas acciones de sobrevivientes, académicos, artistas y medios de comunicación tendientes a difundir lo ocurrido
Esas acciones deben "profundizar en la indagación de los hechos y combatir el olvido", en con los esfuerzos de varios actores sociales encaminados al reconocimiento de lo sucedido y a la conmemoración de la tragedia.
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En los ataques perpetrados por militares que utilizaron tanquetas en la Plaza de las Tres Culturas, formada por las ruinas de una pirámide prehispánica de la antigua ciudad Tenochtitlán, una iglesia colonial y el edificio de la antigua cancillería, murieron unos 60 jóvenes estudiantes universitarios y dos militares, según la fiscalía especial que investigó el caso en 2006, y entre 100 y 150 según el Consejo Nacional de Huelga estudiantil de aquel año.